Faltan menos de cuatro meses para los comicios del 7 de noviembre en Nicaragua. Pero, lejos de pensar en una pugna en las urnas, el presidente del país, Daniel Ortega, ha comenzado su particular batalla contra la oposición, al privar de libertad a los principales aspirantes a arrebatarle el puesto en las elecciones. Una campaña que no solo ha acorralado a la política, sino también a otros sectores disidentes, obligando a marcharse al exilio a periodistas y excargos del Ejército, y que ha puesto a la comunidad internacional sobre alerta.  

Desde finales de mayo, las autoridades han cancelado la personalidad jurídica a dos partidos opositores y han encarcelado a más de una veintena de políticos -entre ellos seis aspirantes presidenciales-, así como a varios empresarios, reporteros, seis dirigentes de un movimiento político fundado por disidentes del gubernamental Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluidos dos combatientes históricos y antiguos compañeros de lucha del mandatario, y a una decena de representantes estudiantiles y campesinos.

La Justicia nicaragüense, controlada por partidarios de Ortega, ha dictado 90 días de prisión cautelar a los opositores detenidos y ha ordenado levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios. Además, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigos a cerca de una treintena de periodistas y también al escritor, novelista y exvicepresidente del país Sergio Ramírez Mercado por casos penales que se han abierto contra los aspirantes presidenciales que permanecen en prisión acusados de «traición a la patria».

En medio de esa ofensiva, que los sandinistas han denominado Operación Danto 2, y que tiene como fin forzar una negociación con Estados Unidos según el ideólogo y viejo militante William Grigsby, han abandonado Nicaragua al menos dos periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más críticas con el Gobierno de Ortega, así como Luis Carrión, un antiguo comandante de la revolución sandinista, y dirigentes políticos municipales.

«Con seis precandidatos presidenciales presos y la plana mayor del sandinismo democratizante bajo arresto, es posible que Ortega calcule ganar con el 82 por ciento de los votos en los comicios», ironiza el sociólogo nicaragüense José Luis Rocha, investigador de la revista Envío de la Universidad Centroamericana, quien sostiene que no debe sorprender esta oleada de arrestos, puesto que Ortega y el FSLN han tenido siempre una «problemática relación con la democracia».

Pero, además, analiza, los detenidos son para el presidente un grupo de «rehenes» y «fichas de intercambio» como parte de una estrategia con un cálculo político cuando «Estados Unidos tiene demasiadas presiones en el contexto internacional» y la izquierda ha venido ganando terreno nuevamente en América Latina.

Cambio de ficha

El partido sandinista, en el poder desde 2007, no solo aplica acciones contra los políticos opositores, sino que ha subido el tono en foros internacionales, donde ataca a EEUU y a la Organización de Estados Americanos (OEA), principalmente, y tilda de «vendepatrias», «mercenarios» y «grupos terroristas» a los detenidos.

El embajador nicaragüense ante la OEA, Luis Alvarado, acusa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denuncia una intensificación del estado de excepción de facto en Nicaragua, de estar «siendo utilizada como punta de lanza por el Gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense».

A juicio del excomandante Luis Carrión, Ortega busca forzar un diálogo con Washington, «y que esa negociación ya no sea sobre elecciones, sobre democracia, sobre libertades civiles, sino que sea sobre los presos políticos, a cambio de las sanciones» que han afectado a cerca de 30 empresas, funcionarios y familiares del mandatario, entre ellos su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo; y cuatro de sus hijos.

Para Carrión, no es viable esa negociación y lo que está haciendo el Gobierno sandinista «es metiéndose en un callejón sin salida» y «profundizando el aislamiento internacional» de Nicaragua.