El vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, pidió ayer al Ejecutivo central que se siga trabajando en el nuevo modelo de financiación autonómica ya que considera que es un asunto que «preocupa de manera especial» a todas las comunidades autónomas. En este sentido aseguró que, si se agota la legislatura hasta 2020, «hay tiempo» para negociar un acuerdo o, al menos, para buscar soluciones a la infrafinanciación que sufren las comunidades autónomas para prestar servicios esenciales como la sanidad, la dependencia o la educación.

«No sabemos si se podrá llegar a un acuerdo con carácter inmediato o no pero lo que no se puede hacer es paralizar los procesos de trabajo», dijo el vicepresidente al término de la reunión del Comité de Seguimiento de los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Presidentes celebrada ahora hace justo dos años en el Senado y que acordó, entre otros asuntos la negociación de un nuevo modelo de financiación para las comunidades autónomas.

A juicio de Martínez Guijarro, «una vez que los grupos de expertos» que se nombraron entonces han emitido ya sus informes sobre los defectos y carencias del modelo actual, las comunidades autónomas y el Gobierno tienen que seguir trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que es el «órgano adecuado» para negociar.

«Consideramos que hay que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo en la renovación del modelo porque es básico y clave para seguir avanzando en la recuperación de derechos y en la prestación de servicios públicos en el Estado del Bienestar, puesto que gran parte de ese Estado de Bienestar está gestionada por las comunidades autónomas», aseguró al respecto.

En todo caso, mientras ese acuerdo se concreta, desde Castilla-La Mancha se aboga por «tomar decisiones que mejoren la financiación de determinados servicios» como pueden ser, dijo, el sistema de dependencia, la sanidad y el coste farmacéutico, entre otros. «Lo que no podemos hacer es estarnos quietos, porque eso significa que las comunidades autónomas tendremos verdaderos problemas desde el punto de vista presupuestario», añadió al respecto.

En este sentido mostró su disconformidad con que se les exija «permanentemente» el cumplimiento de los objetivos de déficit y de la regla de gasto «si no se quiere abordar el sistema de financiación en su conjunto» o, al menos, solucionando «de manera parcial» cómo se cubre el coste de esos servicios esenciales que prestan las comunidades y que son deficitarios en estos momentos.

A su juicio, si se agota la legislatura hasta el año 2020, «hay tiempo para sentarse y ver cuáles son los problemas y las diferencias sustanciales» entre las comunidades así como comprobar «hasta dónde está dispuesto a llegar» el Gobierno de España. «Un año y medio es mucho tiempo», aseguró.

Por su parte, la anfitriona de la reunión, la ministra Batet se limitó a responder que «los trabajos» para diseñar un nuevo modelo de financiación «están activos» y que se está intentando «aproximar posiciones». No obstante la tesis que ha mantenido en público en diversas ocasiones diferentes miembros del Gobierno es que no da tiempo ya en esta legislatura y que será un tema a abordar en la siguiente.

Nueva reunión. Además, el ‘número dos’ del gobierno regional pidió también que se vuelva a convocar una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes después de las elecciones autonómicas de mayo y una vez que ya estén «constituidos los nuevos» gobiernos autonómicos. Una posición que choca con la postura de algunas comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León que pidieron que esa Conferencia se celebre con carácter inmediato habida cuenta de que hace dos años que no se convoca.

En todo caso, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, se alineó con las tesis de Castilla-La Mancha y aseguró que la reunión de la Conferencia de Presidentes, la séptima, tendrá lugar después de las elecciones autonómicas de mayo y antes de fin de año.

A la reunión celebrada ayer en Madrid acudieron representantes de todas las comunidades excepto Cataluña, lo que a juicio de la ministra «no es una buena noticia» porque de esta manera los ciudadanos catalanes «se quedan sin representación». Por el contrario sí acudió esta vez el Gobierno vasco con su portavoz, Josu Erkoreka, después de que esta comunidad se ausentara de la reunión de presidentes celebrada hace dos años.

Batet afirmó que la intención del Ejecutivo es dar una continuidad a la celebración de la Conferencia de presidentes. «Debe generarse una dinámica de debate estable y continuado, que permita con absoluta naturalidad abordar también ámbitos de desacuerdo», manifestó al respecto.