El pasado mes de julio se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, una norma que amplió las competencias de los notarios, lo que ha supuesto la desjudicialización de muchos expedientes que no estaban sometidos a litigio. Desde entonces y hasta abril de 2019 (datos consolidados), los notarios castellanomanchegos han realizado más de 3.300 actos de jurisdicción voluntaria.

Destacan los actos en materia de familia, como la celebración de matrimonios, separaciones o divorcios, que aglutinan un 37% del total; y los de sucesiones, entre ellos la declaración de herederos abintestato si son herederos colaterales o la realización del inventario antes de decidir la aceptación o renuncia de una herencia, con un 23%. El resto se distribuye entre diversos actos, como el expediente de dominio o la reclamación de deudas dinerarias no contradichas, entre otros.

 Desde la entrada en vigor de esta ley en julio 2015, y hasta abril de 2019 (datos consolidados), los notarios castellanomanchegos han realizado 3.356 nuevos actos de jurisdicción voluntaria, con un aumento del 127% durante el periodo julio 2018- abril 2019 (últimos datos consolidados) con respecto al primer año (418 frente a 947). Aunque el mayor incremento se produjo durante el segundo año de vigencia de la Ley, cuando el número de actos de jurisdicción voluntaria se duplico, su evolución ha sido constante, lo que ha permitido la desjudicialización de muchos asuntos que no estaban sometidos a litigio.

Para Luis Fernández-Bravo, decano del Colegio Notarial de Castilla La Mancha: «Esta Ley ha permitido a miles de ciudadanos solucionar sus conflictos de manera rápida y con plenas garantías. Nuestra valoración de estos primeros cuatro años es muy positiva y seguiremos trabajando para asesorar y aportar seguridad jurídica a todos aquellos que acudan a nuestras notarías».