Sánchez recordó que, a raíz de un real decreto promulgado durante el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy en 2012, las comunidades autónomas soportan un fuerte recorte en la financiación por parte del Estado de sus sistemas públicos de atención de la dependencia. Así, actualmente el sostenimiento del sistema de dependencia en Castilla-La Mancha corre en un 82 por ciento a cargo de la Junta, mientras el Gobierno central sólo aporta un 18 por ciento. Por ello, la consejera insistió en la necesidad de mantener "una reunión urgente" con el vicepresidente Iglesias para abordar este asunto, a la espera de que se convoque un Consejo Interterritorial de Asuntos Sociales en el que Estado y autonomías acuerden una mejora de la financiación que reciben estas últimas para atender a sus dependientes.
La consejera recordó que este año la región ha dejado de ingresar otros 26 millones de euros por la aplicación del real decreto de 2012. De haber contado con ellos, añadió, se podrían haber creado más de 1.000 puestos de trabajo en el sector de la dependencia.
Notable alto al sistema de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha.
La consejera de Bienestar Social hizo estas declaraciones durante una comparecencia ante la prensa celebrada este martes en el toledano Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha. En este acto, hizo una valoración positiva de los últimos datos ofrecidos por el Observatorio Nacional de la Dependencia, que ha concedido un notable alto (8,6 puntos sobre 10) al sistema de atención a la dependencia de Castilla-La Mancha. El sistema castellano-manchego es el segundo mejor de España, sólo superado por el de Castilla y León.
Así, los atendidos por este sistema en la región han crecido un 7,5% en un año, y un 57% más desde 15, apreciándose también una gran reducción en el llamado 'limbo de la dependencia', el conjunto de personas que esperan una prestación después de ser valorados como dependientes. En Castilla-La Mancha se han incrementado sobre todo los servicios de proximidad, que priman la atención a las personas en su propio hogar. Así, más del 70% de los usuarios del sistema de dependencia regional reciben servicios de de proximidad como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, o actividad del programa Sepap Mejora-T. Actualmente, el sistema genera unos 16.000 puestos de trabajo, tras la incorporación de 6.000 nuevos profesionales desde la pasada legislatura.
A todos estos datos, hay que sumar que el gasto público por persona para dependencia en Castilla-La Mancha está muy por encima de la media nacional. En este parámetro Castilla-La Mancha se sitúa como la tercera región española, con 915 euros por persona frente a la media de 665 euros en el conjunto del país.
Aurelia Sánchez también recordó los datos del Imserso estatal, según los cuales 64.000 personas son atendidas por los servicios de dependencia en la región y casi 76.000 reciben alguna prestación, tras adjudicarse 28.000 nuevas prestaciónes desde 2015.
La cobertura del sistema de dependencia sobre el conjunto de la población que debería ser atendida ha avanzado un 35% desde la pasada legislatura y ya alcanza un 91% de la cobertura total, 10 puntos por encima de la media nacional. Castilla-La Mancha es la segunda región de toda España mejor situada en este aspecto.