El proceso de expropiación de las casitas bajas del Paseo de la Rosa, en Santa Bárbara, sigue su curso por la vía administrativa. La Junta de Gobierno Local ha dado ya cuenta a varios expedientes, uno para el inicio de la expropiación y otro para aprobar el precio a pagar, pero aún se sigue sin saber qué va a pasar con la persona que residen en una de esas viviendas desde hace años.

Se trata de Mario Carbonell, vecino del barrio de toda la vida y que se crió con sus abuelos en esa misma casa, en la que figura empadronado desde el año 2007 con conocimiento tanto del propio Ayuntamiento como del propietario del inmueble. «Mario tiene sus derechos, lleva años viviendo allí, es su casa y la propiedad ha sido consentidora de que estuviera allí», afirma su abogado, que no duda en confirmar que ni él ni su cliente han recibido comunicación oficial alguna por parte del Consistorio desde que se enteraron por las páginas de La Tribuna de que su casa iba a ser derribada.

«Nunca nos han dado traslado de nada. Parece que han abierto un expediente pero mi cliente no tiene constancia de que se haya abierto plazo de alegaciones. Y, lógicamente, es parte afectada», explica el abogado, que únicamente tiene constancia de una visita de la Policía Local al domicilio. «Fueron a ver cómo estaba el interior de la casa y les dejó pasar sin problema. Para que vieran que él no vive allí de okupa, sino que es su casa. Allí están todas sus cosas», afirma el letrado, que tiene una opinión particular sobre el modo de actuar del Ayuntamiento. «Actúan a hechos consumados», afirma. Es decir, que la administración local ya tiene claro que va a tirar sí o sí las casas y que tan solo trata ahora de adelantarse a cualquier evento que pudiera impedirlo.