El Gobierno de Castilla-La Mancha se muestra convencido de que las derivaciones de agua para riego del Tajo al Levante son totalmente «insostenibles» y que es necesario un cambio en materia hídrica a nivel nacional en el que se tengan en cuenta los intereses de todos los ciudadanos, «también los de Castilla-La Mancha», porque existen alternativas para el regadío en la zona del Segura, como las desaladoras, que no harán necesario el trasvase.

Esas bases se están sentado desde el Gobierno central, donde ya existe el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica tras la reunión mantenida con el jefe del Ejecutivo regional Emiliano García-Page la semana pasada en Toledo, de que los municipios ribereños puedan, por primera vez en la historia, contar con voz a la hora de adoptar decisiones en materia de agua, estando cada vez más cerca que se tengan en cuenta «los intereses de la cuenca cedente frente a la receptora».

Así lo manifestó el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras conocer que la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura, en su reunión del día de hoy ha propuesto una nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos desde los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía.

Siguiendo con la «misma línea» planteada desde la llegada de Page a la Junta de Comunidades, este nuevo trasvase, explicó Martínez Arroyo, se va recurrir. Por este motivo, se van a buscar estrategias diferentes para conseguir que se pongan por delante del Memorandum las normativas de aguas existentes a nivel nacional y europeo.