Una treintena de organizaciones y expertos, entre las que se encuentran la Asociación de Vecinos El Tajo y la plataforma Mi Barrio sin Amianto, han instado al Gobierno a desarrollar una Ley Integral del Amianto que permita salvar decenas de miles de vidas y situar a España en una «posición de vanguardia en la UE» así como «referente internacional en la lucha contra la crisis del amianto en el mundo».

Lo que han hecho estas entidades es presentar un manifiesto tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a sus ministros de Desarrollo Sostenible, Trabajo y Sanidad. La coordinadora vecinal, Gema Ruiz, explica que les constan que tanto el presidente como los ministros ya están en posesión del escrito. Ruiz espera que salga adelante la ley «porque creo que en este momento, más que ninguno, es muy importante, porque hemos visto lo importante que es la salud pública, y esta es una cuestión medioambiental, pero sobre todo es un tema de salud pública, por lo que este es el momento adecuado para que salga adelante».

Esta propuesta de Ley Integral contra el Amianto gira en torno a tres pilares fundamentales, la salud pública, la protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y cuenta ya con el apoyo de más de 8.000 personas a través de la plataforma change.org además de otras 10.000 firmas recogidas para la investigación del cáncer derivado de la exposición al amianto.

Los peticionarios recuerdan las diversas estimaciones que señalan que la cifra de fallecimientos en España por patologías provocadas por el uso industrial del amianto será de al menos 130.000 hasta el año 2050, de los cuales un 40 por ciento todavía no se han producido. Los expertos prevén 5.000 defunciones a lo largo de este año 2020.

Desde la Plataforma Mi Barrio sin Amianto, Rafael García explica que lo novedoso que puede tener una iniciativa de este tipo es la coordinación de varias asociaciones vinculadas con la problemática generada por los asbestos, tanto víctimas del amianto, asociaciones vecinales, sindicatos o colectivos profesiones, como los del metro de Madrid y Barcelona. Todos ellos se han coordinado para pedir una solución al Gobierno. «Hasta ahora, no hay una ley que aborde de manera global este problema desde distintos puntos de vista, desde la prevención, desde la vía sanitaria, desde el desamiantado o la investigación», explica García. En consecuencia, lo novedoso de esta iniciativa es que solicita al Gobierno una ley que cumpla las directrices europeas, que aborde toda la problemática que está generando el amianto que aún existe en el medio ambiente.

Desde Toledo, la Plataforma se ha sentido desamparada por la falta de leyes de referencia. Ahora entiende que una iniciativa así «puede dar cobertura a gente que le ha ocurrido lo mismo que a nosotros, que no tenga que estar luchando  por cada avance, y sea la propia ley la que recoja lo que tiene que hacerse».

El manifiesto insta al Gobierno impulsar un instrumento legislativo que permita desarrollar una política eficaz destinada a proteger los derechos de las personas que se ven afectadas por la exposición al amianto o que padecerán en años venideros los efectos sobre la salud de la inhalación de este material prohibido en el conjunto de la UE desde el año 2002. Al mismo tiempo, tras recordar que la Organización Mundial de la Salud, es contundente al advertir no existe un nivel de exposición a las fibras de amianto que no comporte riesgo, el Manifiesto por una Ley Integral del Amianto propone que la futura norma permita afrontar el reto del completo desamiantado del territorio español. Medida urgente si atendemos al hecho que, tal y como recoge el texto promovido por las entidades participantes en esta iniciativa, «el 65 por ciento del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente».

Esta futura ley debería situarse, según las entidades demandantes, en línea con los objetivos fijados por las autoridades europeas respecto la necesidad de erradicación del asbesto y la protección de la salud ante una amenaza que, anualmente, provoca más de 88.000 muertes en los países miembros de la Unión. Así, el manifiesto se remite a resoluciones y dictámenes europeos que inciden en su eliminación. Las organizaciones firmantes han instado al  Gobierno a ir un paso más allá en vista de la gran pasividad con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el inaceptable deterioro de muchas edificaciones con amianto y vertidos ilegales en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad y ya que en 14 años no ha existido ningún instrumento legislativo para la erradicación del amianto, y el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028.

Ejes. El manifiesto propone un amplio abanico de ejes de actuación que debieran quedar al amparo de la norma que se promueva, con especial énfasis en la necesidad instruir un fondo de indemnización para las víctimas del amianto (FIVA), de promover el censo de los elementos fabricados con amianto o que contengan asbesto tanto en edificios públicos como privados y  su erradicación segura, priorizando el desamiantado de escuelas e instalaciones frecuentadas por niños, dada la especial vulnerabilidad de la población infantil, la mejora del Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), seguimiento de los planes de desamiantado y  el desarrollo proyectos de inversión en la investigación científica pública y privada para obtener métodos de diagnóstico precoz de los cánceres del amianto,  lograr avances significativos en el tratamiento de las personas afectadas, para salvar vidas.

Se pretende que la futura ley también contribuya de forma decisiva a acabar con las dificultades de los afectados a la hora de acceder al reconocimiento del origen profesional de las patologías causadas por la exposición al amianto. En este sentido, el manifiesto recuerda que España es uno de los países de la UE que menos casos de enfermedades profesionales con origen en el asbesto. Tan sólo el 9 por ciento de los hombres que fallecieron en todo el territorio español entre 2007 y 2017 por mesotelioma derivado de la exposición laboral al amianto fueron reconocidos como enfermos profesionales. En el caso del cáncer bronco-pulmonar derivado del amianto, ese porcentaje se reduce hasta al 0,44 por ciento. El problema del infra-reconocimiento se acentúa más si cabe cuando en las mujeres, puesto que únicamente un 0,9 por ciento de las fallecidas por mesotelioma y apenas un 0,05 por ciento de las que han padecido cáncer bronco-pulmonar derivados de las exposición laboral al amianto han visto reconocida su situación y han tenido acceso a las prestaciones y compensaciones que legalmente les corresponden.