En una crisis de oferta, probablemente es difícil determinar quién tiene la culpa de la subida repentina de los insumos para producir alimentos pero tampoco el campo. Nadie contaba con un escenario tensionado tras salir de los peores meses de pandemia, gracias al milagro de la vacuna, lo que no es excusa para esperar a que escampe. Algo hay que hacer ante la 'tormenta perfecta'.

  Es evidente que la gestión resulte compleja porque es un problema de escala global que sin embargo, necesita de mensajes nítidos de acción política que aporten sosiego a los sectores económicos afectados que -de repente- se han quedado sin stock, no reciben las materias primas a tiempo, son muchísimo más caras para hacer piensos, tienen que vender sus producciones como sujetando la inflación, con unos barcos imposibles, un transporte escaso, un gasóleo en niveles escandalosos, o una electricidad que dificulta cuadrar los balances de gastos e ingresos de cualquier empresa.
La petición del ministro de Agricultura, Luis Planas, en el consejo del lunes pasado para que la Comisión Europea active el artículo 219 de la Organización de los Mercados Agrarios era un buen paso ahora que han de articularse estrategias de reconstrucción con los fondos de resiliencia transferidos prácticamente ya a las cuentas de cada Estado. Buen paso porque el propio reglamento de la PAC prevé ese margen ante 'perturbaciones de mercado' que sin embargo se han topado con una fría respuesta del comisario de Agricultura que pide más tiempo para seguir de cerca su evolución. Previsible aunque de difícil digestión con la que está cayendo. ¿Cuánto tiempo necesita para apreciar dichas 'perturbaciones'? ¿Acaso no se ven a una legua? ¿Quizás sea que quiera esperar a que un factor climático solucione el problema como ocurrió con el vino tras las heladas de primavera?
Los silencios ante situaciones extraordinarias no siempre son la mejor respuesta, y de ahí las primeras consecuencias: el anuncio de movilizaciones que el jueves presentaron las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, UPA y COAG con la vuelta de los tractores a las carreteras del país. Unas horas antes habíamos contemplado el desasosiego de los ganaderos de vacuno de leche de Talavera de la Reina y comarca defendiendo precios justos ante una de las principales industrias que sigue reacia a subir las liquidaciones. Hubo momentos duros con la policía que nadie desea mientras los senadores daban luz verde a la reforma de la ley de la cadena alimentaria que todavía tiene que aprobar el Congreso.
Al final, el Ministerio de Agricultura -que aun no había dado respuesta a la carta con la que reclamaron una reunión urgente seis días antes-, incluyó el viernes en su agenda dos encuentros de trabajo con la patronal de los fabricantes de piensos compuestos y con la asociación de fabricantes de abonos y fertilizantes, lo que se entendió como la apertura de la esperada ronda de negociación.  De hecho, Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, moduló el discurso ante los medios recordando en Campo de Criptana que «antes del calendario de movilizaciones está el calendario de la negociación» y que en todo caso, la película va también con los ministerios de Consumo, Hacienda, de Transición Ecológica por la subida de la electricidad, de Seguridad Social y Trabajo por el salario mínimo y ahora por la reforma laboral y la conversión de eventuales en fijos discontinuos.
La propia directora general de Desarrollo Rural del MAPA, Isabel Bombal, también presente en la inauguración del congreso provincial de jóvenes de Asaja, confirmó lo que ya parecía una evidencia: «la sociedad, el Gobierno, todos los gobiernos juntos, les debemos (a los agricultores y ganaderos) una respuesta contundente, más aún cuando en pandemia se puso de manifiesto su papel esencial».
Y esa es la deuda que sigue pendiente de pago si queremos alimentarnos.
 Vistos los últimos movimientos, todo indica que esta semana habrá reunión con el sector.