La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, va a convocar Pleno del Ayuntamiento (en agosto es excepcional) para informar a los grupos políticos, y abrir el debate, sobre el acuerdo del remanente que han alcanzado la Federación de Municipios y el Ejecutivo nacional. Pero no habrá votación. El Gobierno local estima que la ciudad dispondrá, durante los dos próximos años, de «diez millones de euros adicionales» que, dicen, se van a destinar a mejorar infraestructuras, servicios sociales y prestaciones públicas, siempre «en beneficio de los ciudadanos». Por lo tanto consideran que es un acuerdo «magnífico» y adelantan que la regidora va a utilizar la prerrogativa que le da el Real Decreto (a la espera de que lo ratifique el Congreso de los Diputados) para que impere su única voluntad , con independencia de que cuente con el respaldo, o el rechazo, de la mayoría de concejales.

El vicealcalde, José Pablo Sabrido, fue el encargado de dar a conocer esta decisión que, según declara, pretende llegar al «mayor consenso posible» entre las fuerzas políticas locales con el fin de que la ciudad tenga acceso a gastar una parte de sus ahorros (hoy intocables con las leyes vigentes) en beneficio de sus vecinos.

El planteamiento que van a poner sobre la mesa los socialistas dice que hay que elegir entre repetir «el austericidio de 2008» o ayudar a salir de estas crisis utilizando un mecanismo del que se supone sacan algo positivo todas las administraciones implicadas ya que no se trata de que el Ayuntamiento pierda su dinero sino de prestárselo al Estado que lo devolverá, cuando sea, con intereses. Dicho eso, Sabrido descarta que vayan a bajar los impuestos municipales porque para ayudar a salir de la crisis (crear empleo, dar servicio sociales, etc.) cree que son necesarios todos los recursos presentes y futuros.