Un error del Catastro le ha costado al Ayuntamiento de Toledo 2,8 millones de euros y la Junta de Gobierno municipal ha dado orden a su servicio jurídico para que inicie las acciones legales oportunas de cara a que el organismo del Ministerio de Hacienda cargue con la factura. Por las buenas no se ha logrado nada, solo silencio administrativo de la Dirección General del Catastro, así que se va a probar el camino de los pleitos.

Se trata de dos propiedades inmobiliarias con errores en las referencias (el domicilio estaba equivocado) emitidas entre los años 2008 a 2013: una debía haber realizado pagos de IBI en todo ese periodo por valor de 2.346.793 euros; la otra por 448.823 euros entre 2009 y 2013. Pasado el tiempo, todos esos recibos han sido anulados y no se puede reclamar el dinero al particular. El Ayuntamiento parece que no discute esto pero no se conforma y reclama al Catastro que le reintegre las cantidades perdidas.