Durante el primer trimestre de 2020 se produjeron en Toledo 344 demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios). En el conjunto de la región y de España, estas disoluciones se reducían en un 19,1 y un 18,5 por ciento, respectivamente, respecto al mismo trimestre de 2019, hasta las 976 y 14.373 demandas registradas, según los datos publicados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Los datos correspondientes al primer trimestre de 2020, que como consecuencia de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma se contabilizaron sólo hasta el 14 de marzo y no hasta el día 31. Según informa el propio Consejo General del Poder Judicial, muestran importantes disminuciones interanuales en todas las formas de disolución matrimonial.

En estos dos meses y medio, se produjeron 180 divorcios consensuados y otros 147 sin consenso; trece separaciones consensuadas y cuatro no consensuadas. Destacan los datos del partido judicial de  Illescas, con 87 divorcios y seis separaciones. Toledo suma 66 y tres y Talavera de la Reina, 64 y cuatro.

A todo ello hay que añadir 138 procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio no consensuadas (45 consensuadas y 93 sin consenso). También aquí destaca Illescas, con 36, seguido de Talavera, con 34, y Toledo con 27. Finalmente, se produjeron 149 procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales (52 y 97).

Descenso regional. Por su parte, las 925 demandas de divorcio -tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas (registradas en la región entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo) suponen un descenso del 19,3 por ciento respecto de las 1.146 que se presentaron en el primer trimestre del año anterior. 

Del total de demandas de divorcio, 519 fueron de mutuo acuerdo frente a 406 que fueron contenciosas. En cuanto a las demandas de separación en Castilla-La Mancha, fueron 51 lo que supone un descenso del 16,4 por ciento respecto del primer trimestre del año anterior. De ellas, 36 fueron consensuadas y 15 no consensuadas.

Además, en el primer trimestre de 2020 se ha presentado en la región una demanda de nulidad, que corresponde a la provincia de Albacete. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2020 se observa que en Castilla-La Mancha el número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se sitúa en 5,6. 

Los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio no consensuadas disminuyeron durante el primer trimestre de 2020, aumentando en el caso de los procedimientos consensuados.

Así, se iniciaron 284 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 33,5 por ciento menos que en el mismo trimestre del año anterior; y 113 procedimientos de modificación de medidas   consensuadas, con un incremento del 21,5 por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se ha producido un descenso en los no consensuados, concretamente del 19,9 por ciento, con el registro de 261 demandas de modificación de medidas no consensuadas. Mientras las demandas de este tipo consensuadas han aumentado, concretamente un 7,1 por ciento, con 167 procedimientos de este tipo iniciados.

Descenso generalizado. De igual manera, a nivel nacional durante el primer trimestre de 2020 el número de demandas de disoluciones matrimoniales se redujo en un 18,5 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019. 

Las 13.690 demandas de divorcio consensuado son un 16,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2019 y las 9.290 demandas de divorcio no consensuado son un 20,4 por ciento menos. Por lo que respecta a las demandas de separación, las consensuadas, de las que se han presentado 660, han disminuido un 26,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2019, y las 335 no consensuadas representan un 23 por ciento menos que las presentadas el año anterior.

El número de demandas de nulidad, en total 23, ha sido un 32,4 por ciento menos a las presentadas en el primer trimestre de 2019.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2020, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en las Islas Baleares, 6,6; Comunidad Valenciana, 6,5; La Rioja, 6,2; Andalucía y Cantabria, 5,9; y Asturias, Cataluña y Murcia, 5,8. Todas superan la media nacional, que es de 5,7. Las proporciones situadas por debajo de la media nacional se han dado en Castilla y León, 4,6; País Vasco, 4,9; Madrid, 5,1; Navarra, 5,2; y Aragón, 5,3.