Como era de esperar, la enmienda que prevé un ‘plus’ vitalicio para los exaltos cargos que se reincorporen a su puesto como funcionarios de la Junta, centró el debate sobre la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales para 2020, que finalmente ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PSOE.

Desde el Gobierno regional, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó que esta «consolidación del grado de los empleados públicos que acceden a un alto cargo de la Administración» solo busca favorecer la «profesionalización» de los puestos directivos del Ejecutivo, facilitando el acceso a los mismos de funcionarios de carrera.

Para justificar su argumentación, tiró del artículo 81 del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, que dice que «las Administraciones Públicas velarán para que no haya un menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios que hayan sido nombrados altos cargos».

Desde el PSOE, Fernando Mora insistió en esta misma idea, subrayando que muchos profesionales «rechazan ser alto cargo porque no les compensa», «cobran menos que sus compañeros y se quedan sin fines de semana y sin ver a la familia». Y apelando a su experiencia personal, afirmó que durante su paso por la Junta tuvo altos cargos «de su color», en alusión al PP. «Nunca me fije en esto, solo buscaba profesionalidad». Por eso, es lamentable que se «ponga en solfa a magníficos profesionales».

Además, tanto Ruiz Molina como Mora valoraron que esta ley incluya mejoras para los funcionarios en general, tras la merma derechos sufrida por este colectivo por «los recortadores profesionales de Cospedal».

Explicaciones que no convencieron al PP. Para Ana Guarinos «eso no es lo que dice el artículo 81 ni por asomo». En su opinión, esta medida es una «tropelía», «privilegios de por vida por ser afines al PSOE». Tanto es así que llegó a compararla con el caso de los ‘ERE’ de Andalucía.

En este sentido, criticó que el Ejecutivo haya usado una enmienda del PSOE para introducir esta medida «por la puerta de atrás». «Ya lo intentaron en 2017 y la tuvieron que retirar», entonces «prometieron negociarla con los sindicatos y aquí también han mentido», concluyó Guarinos, refiriéndose así a las agrias críticas que los representantes de los trabajadores han mostrado esta semana ante esta enmienda.

En esta misma línea se posicionó David Muñoz, que lamentó que García-Page «haya conseguido poner de acuerdo a todos los sindicatos» en su contra. Es por eso que exigió la retirada de esta enmienda, algo que técnicamente no era ya posible. «Si la hubieran traído de otra forma la hubiéramos estudio, entendemos que los altos cargos tienen que cobrar bien», pero «no un complemento que es de por vida».