La moción del PP  sobre la libertad de Educación corrió ayer la suerte prevista, es decir, el Pleno del Ayuntamiento la rechazó con su bloque de izquierda.

El texto instaba al Gobierno a modificar la Ley Celaá con el objetivo de aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución.

Reclamaba también el apoyo del Pleno para garantizar la existencia y gratuidad de los centros de educación especial; adoptar las medidas oportunas para garantizar la enseñanza en español (Vox avisa que el PP en Galicia hace lo mismo que los catalanes, una inmersión excluyente); instar al Gobierno a respetar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo y el centro en el que escolarizan a sus hijos; y a cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones

La proposición consideraba un hecho sin precedentes que la Ley haya sido tramitada de espaldas a la comunidad educativa, en pleno estado de alarma y sin contar con los informes del Consejo de Estado ni del Consejo Escolar

De nuevo el debate sobre un asunto de alcance nacional fue un intercambio de opiniones entre concejales sordos a lo que dice el otro, o peor en ciertos casos, una fuente de descalificaciones en muchos casos de dudosa solvencia.