Un cambio de despacho, de funciones, de barrio y de tareas profesionales. Juan Ramón Brigidano se estrenará como presidente de la Audiencia de Toledo y afrontará su cargo con humildad, esfuerzo y trabajo, las señas de identidad que le caracterizan como magistrado desde que se inició en la carrera judicial. Ahora llega un cambio de aires, pero también muchos retos por delante para mejorar  el funcionamiento de la Audiencia de Toledo, abrirla más a la ciudadanía y conseguir rebajar  la pendencia que se acumula en sus dos secciones desde hace años.

Brigidano conoce la provincia y la situación de cada uno de los juzgados, un aval  al que hay que sumar sus años al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, también de lo Mercantil, un órgano muy saturado que ha exigido una gran dedicación durante estos años y continuas peticiones para aligerar la carga y mejorar la respuesta de la ciudadanía. Piensa mantener la puerta de su despacho de la Audiencia abierta porque tiene claro que sus nuevas funciones no lo alejarán de los suyos, del ciudadano y de su manera de ser y de pedir mejoras en la administración de Justicia. El nuevo presidente de la Audiencia tiene planes en la cabeza, pero tiene cierto «apuro» para contarlos porque aún no ha tomado posesión y prefiere ser prudente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le acaba de elegir como presidente de la Audiencia de Toledo. ¿Es un premio a tantos años de esfuerzos y entrega en un juzgado de lo Mercantil tan saturado como el de Toledo?

Creo que no. Toledo ha inaugurado un nuevo sistema de provisión de puestos discrecionales y yo inauguré la cuestión de como hacerlo porque no había precedentes. En esta valoración cuenta la antigüedad y la trayectoria, pero, sobre todo, las cuestiones gubernativas y los proyectos, el compromiso, la credibilidad del proyecto y la manera de presentarlo. No es un premio, es una gran responsabilidad.

Durante esa reciente comparecencia para la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial habló de la necesidad de que la Audiencia sea más cercana y esté más abierta a la ciudadanía. ¿Cómo lo plantea?

Sí. Tengo que decir que no he podido ir a la Audiencia antes no por falta de deseo, sino porque en las ciudades pequeñas es una cuestión complicada. Son pocas plazas, las personas que están entraron bastante jóvenes y había poco hueco, cuenta su cercanía a Madrid... Conozco la Audiencia desde fuera y necesito un conocimiento interior. Sin embargo, mi forma de ver las cosas siempre ha sido transparente y siempre he entendido que somos un servicio público, aunque sea un poder del Estado, y tiene que tener una dosis de efectividad importante.

En la Audiencia se hacen muchas cosas de forma callada, pero también se deben recibir abiertamente muchas peticiones. La cuestión de la transparencia entra con la prensa porque no debemos ser algo distinto de las provincias ni de Castilla-La Mancha, tenemos que ser abiertos porque lo que se hace es una cuestión pública. El ciudadano pretende una respuesta y ésta puede tener un contenido mediático en un caso concreto, pero siempre es necesario saber que se da un tiempo de respuesta adecuado, que entran tantos asuntos, que se resuelven tantos otros, la media de entrada y de salida... Creo que son datos interesantes, al menos, para que la gente se salga del prejuicio de que la Justicia no produce o está politizada, que lo estará en algún caso, pero aquí no, aquí resolvemos los problemas de los ciudadanos que son ajenos a esa política en su inmensa mayoría.

Al margen de la cercanía, en la Audiencia se necesitan más magistrados para los dos secciones... ¿Qué más?

Hay una parte que tiene que ir por la creación de medios de manera estructural o coyuntural. Todo afecta más a la Sección Primera que a la Segunda porque tiene por ley la competencia en la materia de cláusulas abusivas de impugnación individual o colectiva de condiciones generales. Lo que antes era una entrada de 700 asuntos ahora es de 1.700 sin un aumento adecuado ni una cierta  perspectiva para absorber esa entrada desmesurada que se va a mantener en el tiempo. Y lo tengo claro porque yo al estar aquí en el Mercantil sé lo que se va a mandar en el futuro. En cambio, la Sección Segunda se ha mantenido en 700 y 800 asuntos.

¿Qué haría falta? Acompasar la entrada con la plantilla. Hay una orden del Ministerio de Justicia respecto de las cargas de trabajo del 28 de diciembre de 2018 que dice cuál es la carga adecuada y la Sección Primera está en un 190%, mientras la Segunda se mantiene en un 140%. Una barbaridad. Por tanto, no podemos duplicar la carga porque aumentaría la pendencia, así que se necesita un Gobierno, un Ministerio de Justicia y la dotación de esas 75 plazas de 2019 porque es algo que no necesita obra. La Audiencia Provincial tiene suficiente capacidad para absorber despachos de magistrados que no van acompañados de un aumento de oficina como en los juzgados.

También habría que establecer un refuerzo específico con jueces que no dejarían su trabajo, es decir, sin relevación de funciones, para absorber la entrada de esta materia de cláusulas abusivas.

¿Y a largo plazo especialización en las secciones de la Audiencia?

Sí, pero no tan a largo plazo. Cuando la Audiencia tenga diez magistrados lo lógico sería especializar cinco y cinco, en Civil y Penal y la primera con un apoyo concreto en esta materia que la está colapsando. Pero la especialización depende de que haya, al menos, nueve o diez magistrados. Ahora mismo la realidad es que hay cuatro en cada sección y uno de ellos es baja por la jubilación del anterior presidente y también hay una magistrada con una liberación, con lo que hay tres y tres en cada sección. Hay un largo camino para llegar a diez magistrados en plantilla.

También le gustaría plantear un proyecto de mediación intrajudicial en la Audiencia, ¿un reto complicado no?

La mediación en la segunda instancia es mucho más específica que la  que se hace en los juzgados, donde uno puede pensar que los asuntos de propiedad intelectual se mandan todos a mediación, como en asuntos de familia. Pero en la Audiencia, o bien en una primera instancia penal, la mediación tiene que ver con la víctima y soy partidario de que se valore y se ponga en marcha en asuntos muy concretos.

Pero tiene poco apoyo del Ministerio de Justicia. La experiencia de la mediación en estos juzgados tiene su cara y su cruz, ya que el servicio estaba en la biblioteca y de forma voluntaria y gratuita, sin apoyo económico.

La Audiencia permite hacerlo y tiene posibilidades. En cambio, en el Palacio de Justicia convivimos con espacios compartidos permanentemente y somos expertos en ello. En la Audiencia no solo hablamos de mediación, también de un protocolo de conformidades, como tiene el Penal número 2 en Toledo para posibilitar una flexibilidad a la hora de dejar fuera pruebas que no son necesarias, también en materia de ejecución.

El apoyo económico no es un tema sencillo. Yo que colaboro y que el CGPJ ha pensado en mí para explicar el modelo Toledo salgo de aquí y veo la libre competencia absoluta y ni un euro en ningún sentido. Sin embargo, nos vamos a Navarra y al País Vasco y funciona de otra manera por otro sistema donde los poderes públicos apoyan a una entidad que presta sus servicios, pero a partir de una serie de fondos. Aquí no existe.

Ya está aprobada  y adjudicada la reforma integral de la Audiencia. Imagino que empezará en los próximos meses, ¿no?

Sí. Es lo que me consta. La gerente territorial de Justicia de la región me lo quiere explicar, pero todavía no he tomado posesión y está pendiente del BOE, así que tengo cierto apuro en ciertas cosas sin ser aún oficialmente el presidente de la Audiencia, pero me estoy enterando.

Su comparecencia ante los magistrados del CGPJ para su elección como presidente de la Audiencia fue muy valiente porque buena parte de su intervención la centró en realizar una radiografía de la delicada situación de los juzgados en la provincia, algo que en principio podía salirse de la comparecencia.

Es mi trabajo. Conozco los juzgados de Toledo porque he sido juez decano y de alguna manera tienes que saber lo que hay porque hay que resolver problemas de reparto. Y encima estoy en el juzgado titular más colapsado de Castilla-La Mancha. También como miembro de la Sala de Gobierno del TSJ tengo la obligación de evaluar la memoria anual que afecta a la región y a la provincia.

La situación es así y somos conscientes. Ya dije en su día que Castilla-La Mancha es la última comunidad en ratio jueces por habitante de todo el territorio nacional y Toledo, la última provincia dentro de la última comunidad en ratio jueces por habitante. Y si lo comparamos, Ciudad Real tiene 150.000 habitantes menos que Toledo y los mismos magistrados que Toledo. Necesitamos avanzar. Este año se han creado dos plazas en los juzgados de la provincia, una de ellas en el mixto número 8, que tiene que ponerse en funcionamiento y se posibilita la división de jurisdicciones.

¿Ese octavo juzgado para el Partido Judicial de Toledo empezará a funcionar antes de que acabe el año?

La plaza es de 2019, pero el desarrollo será este año o cuando diga el Ministerio.

¿Qué supondrá ese aumento para Toledo?

Es muy necesario, aunque se necesitan dos juzgados más. Hay que partir del hecho de que hay un juzgado colapsado en materia de cláusulas abusivas. Los números son disparatados y estamos hablando de 9.000 ordinarios en dos años, con lo que el juzgado recibe unos 5.000 asuntos cuando en condiciones normales entran unos 800. Y hay que tener en cuenta además que se trata de un juzgado Mercantil y las cargas de trabajo están en un 200% en el caso de que únicamente se dedicara a materia mercantil, pero el número 1 hace otras muchas cosas.

También es necesario plantearse un juzgado de violencia exclusivo. Todavía me cuesta trabajo ver a las víctimas a las cuatro de la tarde porque las han empezado a atender tras la celebración de otros juicios. El juzgado de lo Social está en un 170 y un 180% de carga de trabajo y cuenta con un refuerzo estructural desde hace años, pero tiene que ser el siguiente en la creación de nuevos juzgados. Y fuera de Toledo es muy necesario mirar a Illescas, que tiene crecimientos exponenciales. Es lo más urgente, aunque también se podría hablar de otros partidos judiciales.

El Mercantil tiene una buena tasa de resolución. Los datos de este primer trimestre indican que han entrado casi 900 demandas de cláusulas suelo y se han resuelto un millar.

Por primera vez se han resuelto más asuntos de los que entran. Es una barbaridad de trabajo y se resuelven a base de criterios organizativos, de trabajo y de compromiso. Es muy difícil a nivel organizativo porque si se resuelven muchas cláusulas suelo se retrasan los concursos y el penal. Las cláusulas suelo se resuelven, pero todavía hay más de 2.000 que no se han tocado, con lo que la admisión de las demandas puede estar llegando ahora a octubre de 2018. No se puede ir más rápido y todavía hay mucho que resolver.

También hay déficits importantes en otros ámbitos. La falta de psicólogos está provocando que haya asuntos que se retrasen hasta tres años. ¿Hay alguna solución?

Es algo gravísimo. No sé ya los años o décadas que venimos diciendo que estamos en una provincia de 700.000 habitantes con uno o dos psicólogos. Se está intentando paliar con un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Colegio de Psicólogos  para resolver una serie de peticiones mediante un precio tasado para evitar tanta espera en asuntos de familia. Se trata de una materia delicada para que maneje esos tiempos de respuesta. Lo he dicho muchas veces, lo mejor sería tener dos psicólogos más con una descentralización para que dieran sus servicios a Talavera e Illescas.

En una reciente estadística del CGPJ se decía que los juzgados de Toledo son los que mayor pendencia tienen, sobre todo, en materia civil de todo el país. ¿Cómo se toma una situación así?

Está acompasado con la carga de trabajo. Si seguimos teniendo juzgados a un 200%... ¿Cómo no vamos a tener pendencia? De alguna manera hay que poner la entrada de asuntos acompasada con la creación de órganos. No creo que sea tanto desde el punto de vista económico, pero hay un déficit de sedes muy importante. En Toledo está más o menos arreglado aunque con la creación del octavo juzgado mixto hay un problema de espacio que hay que solucionar habilitando la planta baja cubierta. En Illescas hay una dispersión de sedes tremenda, en Torrijos también y en Talavera se iban a solucionar los problemas, pero han aparecido restos arqueológicos y nada.

Y si hablamos de los forenses...

Sí. Habría que aprovechar ya la necesidad porque hay una parcela reservada, unos presupuestos generales en los que se contempló el Instituto de Medicina Legal, desapareció  y está como el Guadiana, que sube y baja. Deberían  prestar su trabajo en un edificio, realizar las autopsias de forma distinta y establecer un espacio para psicólogos y trabajadores sociales que están aquí metidos en el Palacio de Justicia.

Llama la atención que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en su reciente visita a Toledo dijera que había «una dejadez de medios». ¿No lo conocía?

Es muy evidente. Vino con los datos. Tuvimos una reunión y ella ya se los sabía, pero no deja de ser llamativo que una capital de provincia y de comunidad autónoma no tenga división de jurisdicciones ni juzgados especializados. A ella, que es profesional del Ministerio Fiscal, le llamó la atención y más viendo lo que ocurre en el Mercantil, el juzgado más saturado, el peor de todos, con una gran carga de trabajo. Hay un abandono secular y Toledo tiene que avanzar y hay que tratar a los ciudadanos con mejor categoría.

¿Hubo compromisos?

Sí. Una plaza en la Audiencia y un juzgado mixto número 8 como medidas inmediatas. Y división de jurisdicciones. Lo escuchó, lo apuntó y ahora habrá que ver la continuidad de ese compromiso.

¿Cuál ha sido el balance de esos 16 años como juez decano de Toledo?

Tengo cierta necesidad de acordarse de lo malo. Ha habido dos intentos de dividir jurisdicciones y llegó hasta el punto de que se aprobó en el CGPJ, pero no en el Ministerio de Justicia. La división de jurisdicciones como sistema organizativo es imprescindible y no se hace. Por lo demás, ahora estamos en una situación de expediente digital electrónico por la vía de salida y no de entrada. Todavía queda mucho que perfilar, sobre todo, en la segunda instancia, pero estamos avanzando.

Pero ha habido muchas críticas en el ámbito judicial tras la implantación del expediente digital...

Muchas. Pero el expediente digital  en un juzgado como el Mercantil en relación a las cláusulas abusivas es fundamental. Hay que mejorarlo en materia de instrucción y en el acoplamiento de expedientes de fuera... Estamos en ello. Además, hay que mejorar el servicio de atención a las víctimas, un servicio de registro y reparto más profesionalizado, mejorar el servicio común de notificaciones y embargos. Se ha ido avanzando hacia cierta estabilidad, pero faltan medios y se necesita mayor rapidez en el tiempo de respuesta.

Hay un buen aliado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que no para de pedir mejoras.

Sí. Esta semana hay sala de gobierno para la aprobación de la memoria y se dará traslado para que se vean los datos llamativos. Hay una constancia en la petición de plazas. No entiende uno muy bien por qué no se crean. Se puede pensar que tiene un importante coste económico en la creación de juzgados, pero los jueces de adscripción territorial no son tan caros y si se necesitan deberían crearse más plazas, pero no se sabe muy bien por qué no se hace. En el Mercantil trabajamos cuatro jueces y los que están así dejan su juzgado porque es necesario apoyar. El Ministerio debería tomarse en serio este tipo de cosas.

¿Era necesaria la nueva Ley Hipotecaria?

Sí. Me consta que los juzgados están trabajando ya a los efectos de depurar este tipo de asuntos. Si comparamos la entrada de asuntos en 2007, 2008, 2009 con la actualidad no hay color en los procedimientos hipotecarios porque se han reducido enormemente, pero hay que dar un cauce normal para que el ciudadano sea amparado en una serie de cosas y un tamiz a las cláusulas abusivas. Aquí se está ordenando juzgado por juzgado.