Expropiar las casitas del bulevar cuesta 125.413 euros

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El acuerdo con los propietarios autoriza al Ayuntamiento a la «urgente demolición», por seguridad, «ante la situación de gran deterioro y de ruina» de las construcciones

Expropiar las casitas del bulevar cuesta 125.413 euros - Foto: David Pérez

El Ayuntamiento de Toledo va a pagar 125.413 euros por expropiar los inmuebles del Paseo de la Rosa que ocupan los números del 19 al 27. Así figura en el acuerdo alcanzado con los propietarios sobre la necesidad de la «urgente demolición» de las casitas «por razones de seguridad, ante la situación de decadencia».

En dicho contrato, los propietarios autorizan «la inmediata demolición municipal de las construcciones existentes en los citados inmuebles». Se detalla que el estado de las construcciones existentes «es de un gran deterioro y de ruina en las parcelas catastrales 07 y 08, en las que se ha derrumbado la totalidad de la cubierta», mientras en la parcela 09 «no hay construcción alguna».

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a la tramitación del expediente expropiatorio en el plazo máximo de 6 meses desde la firma del documento (donde justifica la obtención de los terrenos y «la necesidad de ocupación» con la declaración de utilidad pública y la calificación urbanística de equipamiento comunitario con destino dotacional para sistema general adscrito a la urbanización del PAU de 120 pisos que van a levantar el Ayuntamiento y Adif sobre los viejos terrenos ferroviarios de Renfe.

La operación se realiza de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos de Urbanismo fechado en febrero de 2019 y ambas partes cerraron el acuerdo el pasado septiembre, incluyendo como justiprecio expropiatorio de los inmuebles (las casitas del Paseo de la Rosa números 19, 21, 23, 23bis, 25 y 27 con una superficie total de 823 metros cuadrados) los mencionados 125.413,75 euros.

Antecedente expropiatorio. Es la segunda expropiación que realiza el Ayuntamiento en el Paseo de la Rosa tras la de 2005  para construir la primera parte del bulevar. En aquella ocasión el justiprecio pactado fue de 508.750 euros que sería abonado en tres entregas.

Es de esperar que no se reproduzcan los problemas de entonces porque si bien el primer plazo de 240.000 euros se hizo ese mismo año y el segundo de 120.000 euros en el momento en que el propietario puso  el inmueble a disposición de la EMV, hay que recordar que la tercera parte se hizo esperar y tuvo que pasar por varias sentencias judiciales.

Es verdad que no era fácil porque lo pactado fue «la entrega, en un período no superior a 4 años, de 150 metros cuadrados construidos brutos de locales comerciales, a elegir» entre las promociones que debía ejecutar la Empresa Municipal, bien en el Paseo de la Rosa, o en la Vega Baja.

Como salvaguarda se añadió una cláusula según la cual «en caso de que transcurrido el plazo de 4 años la Empresa Municipal de la Vivienda de Toledo SA haya incumplido la obligación de entrega del local, desde esa fecha y hasta que se produzca la entrega del mismo, se devengarán intereses de demora sobre el importe de valoración del local comercial (148.750 euros)».

En ese periodo de cuatro años la Vega Baja fue declarada terreno arqueológico, imposible para construir, y en el Paseo de la Rosa una multitud de defectos de tramitación retrasaron el actual proyecto urbano (pisos, locales comerciales y calles).

Tras haber transcurrido «con creces el plazo»  la EMV propuso pagar con otros locales comerciales en una futura promoción en la Avenida de Boladiez (Polígono) o con un talón nominativo  por el importe pactado. Sin embrago los afectados entendieron que el local comercial prometido en la zona de la Vega Baja hubiera alcanzado un valor que de 453.375 euros.

Se entiende que el  valor monetario será lo que valgan realmente los locales en el momento de la entrega, es decir, que necesariamente no será igual a la cantidad de 148.750 euros sino que será superior o inferior en función de la evolución del mercado inmobiliario.

Al final los jueces tomaron un camino intermedio y establecieron que la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo SA debía pagar intereses moratorios por el retraso a la hora de cumplir lo pactado.