El Ayuntamiento de Toledo está en trámites de sacar a concurso un nuevo contrato para la recogida de basura y la limpieza de las calles pero, antes, tiene que conseguir el visto bueno del Estado. Según las leyes vigentes, para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros (Toledo paga por este servicio 8,38 millones de euros al año) los municipios deben someter la propuesta al Comité Superior de Precios de Contratos (rama de la Junta Consultiva de Contratación Pública dependiente del Ministerio de Hacienda) que emitirá un «informe preceptivo valorativo de la estructura de costes».

Dicho documento se consigue por un procedimiento reglado. Para empezar, la Junta de Gobierno (que es la que tramita este expediente) debe solicitar a cinco operadores del sector la remisión de su estructura de costes. Utilizando esa información el Ayuntamiento podrá elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad concreta que quiere sacar a concurso pero debe someterla a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. Las alegaciones deben valorarse de forma motivada, tanto su aceptación como su rechazo.

Superado todo este proceso, se remite la propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado que tiene 20 días para contestar si las inversiones suponen un factor relevante en la prestación del servicio y si el periodo estimado para la recuperación de ese dinero debe ser superior a 5 años.

La ley de contratos del sector público dice que los contratos de servicios cuya prestación se repite año tras año tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las prórrogas. Excepcionalmente se podrá establecer un plazo superior cuando lo exija el período de recuperación de las inversiones.

El vigente contrato de la basura de Toledo cuesta 8.387.330 euros al año, fue formalizado con Sufi SA en enero de  2007 y finalizó en febrero de 2017 (ya bajo el nombre de Valoriza). Aunque cabía  una prórroga de cuatro años, la Junta de Gobierno acordó reducir ese plazo a nueve meses. Esa reducción se quedó en una simple declaración de intenciones (como ya lo sospechaban añadieron la coletilla «o el periodo necesario hasta la formalización del nuevo contrato» que es lo que se ha hecho) y, al final, el contrato con sus prórrogas va a estar cerca de superar los 14 años legales previstos.