La modificación del convenio expropiatorio firmado para la construcción de Nudo Norte (julio de 2.008) va a dar un doble respiro al Ayuntamiento de Toledo que consigue otros cinco años de moratoria para pagar los 9,6 millones de euros (en dinero o en terreno urbanizable) acordados como precio y, además, se quita de en medio la inoperante Toletum Visigodo (donde se reparte las acciones con la Junta de Comunidades) que era la encargada de gestionar el acuerdo en toda su extensión. El documento tiene que pasar por información pública, recibir el visto bueno definitivo de Condominio Once de Noviembre SXXI SL (el expropiado), ratificarse por el Ayuntamiento en Pleno y publicarse en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.

En el convenio original se acordó que el Ayuntamiento pagaba la operación con la entrega de terrenos en cualquiera de los sectores del Plan de Ordenación Municipal (POM) aptos para levantar pisos y libres de toda carga. El plazo para la entrega era de seis años y, en caso de incumplirse, se tendrían que abonar los 9.616.193 euros en efectivo.

«A fecha actual, (con el POM muerto) el Ayuntamiento no ha podido ofrecer a Condominio aprovechamientos  urbanísticos donde resulte viable su efectiva materialización», admite el documento que el Gobierno municipal lleva negociando años. A esto se añade que «Toletum se encuentra en situación previa a la disolución y liquidación», por lo tanto es incapaz de asumir sus derechos y obligaciones.

Constatadas esas realidades obvias, «el Ayuntamiento de Toledo ha iniciado la resolución por la que otorgó a Toletum la condición de Agente Urbanizador» y, en consecuencia, se hace cargo de los derechos y obligaciones del convenio.

Es decir, recibe el pleno dominio de las fincas expropiadas y asume en primera persona el pago del justiprecio pactado.

Aplazamiento. Una vez sentadas esas premisas, el Ayuntamiento solicita, y Condominio acepta, «un aplazamiento de cinco años para hacer efectivo el pago del justiprecio», a contar desde la fecha que el Pleno ratifique esta modificación.

«El pago de la contraprestación podrá realizarse mediante entrega en metálico, mediante bienes inmuebles patrimoniales del Ayuntamiento, o cualquier otro activo que pudieran acordar» las partes.

En caso de pago en especie «deberán tratar de llegar a un acuerdo respecto a la equivalencia económica». Si no, «transcurridos dos meses, y de mutuo acuerdo, designarán a dos tasadoras  que se encargarán de fijar la equivalencia».

Lo que no cambia es que si al cabo de esos cinco años de moratoria el Ayuntamiento no ha hecho efectivo el pago total del justiprecio «deberá hacer frente al abono en metálico de la totalidad de la deuda pendiente de liquidar».