Un elevado número de socios cooperativas de la Unión de Productores de Caprino, Uniproca Sociedad Cooperativa, se han levantado contra el presidente de la misma, José Manuel Sanz Timón, y algunos miembros del Consejo Rector, «ante determinados comportamientos que pueden ser constitutivos de abusos de superioridad o de vulneración de los derechos individuales de socios». Así lo señalan en un escrito al que ha tenido acceso La Tribuna, en una protesta que supera a los 120 socios ganaderos de un total de 600 que componen en estos momentos la cooperativa.

Las situaciones vividas desde el mes de febrero hasta la actualidad por muchos de ellos, «descontentos con la labor y la gestión de la mayoría del Consejo Rector», lo que definen como falta de información y transparencia o la negativa para convocar una Asamblea General Extraordinaria para renovar cargos, han sido los principales puntos por los que este grupo de ganaderos ha presentado dos demandas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Toledo, Juzgado de lo Mercantil.

Ambas buscan impugnar los acuerdos o las actas de las reuniones del Consejo Rector, donde se decidió abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no estaban de acuerdo con la gestión del presidente y su junta, entre ellos varios consejeros, a quienes incluso les expulsó de las instalaciones de la cooperativa; un interventor o dos miembros del Comité de Recursos, además de otros socios; y la segunda, por impedir que los interventores visualicen las cuentas acompañados por un asesor especialista, información solicitada en marzo y a la que aún no han podido acceder.

Polémica asamblea general. Otra de las grandes polémicas con el órgano representante de Uniproca se produjo el 2 de abril, durante la celebración de una Asamblea Ordinaria en la que, según este grupo de ganaderos cooperativistas, Sanz Timón ejerció de «portero asistido de un importante dispositivo de seguridad privada» con cargo a la cooperativa, con el que decidía «unilateralmente» el acceso del socio o «su expulsión dependiendo de las circunstancias de cada asistente». Así, aseguran que impidió pasar a familiares y asesores legales con el «único pretexto de que era una asamblea únicamente para socios, pero sin explicar a qué obedecía la presencia de dos de sus abogados o de varios miembros de entidades bancarias y asociaciones diversas» sin tal condición.

Han sido decisiones, aseguran, «sin amparo jurídico» las que han impedido, entre otras cosas, la celebración de una asamblea general donde se someta a votación el cese del presidente y vicepresidente en su cargo y nombramiento de sustitutos, hasta que se diera inicio a un nuevo proceso electoral para la renovación del Consejo Rector. En el mismo, indican, «cualquier socio podrá postularse libremente mediante los procedimientos establecidos en la normativa de aplicación».

Ninguna de sus peticiones ha sido respondida por el presidente, tal y como viene obligado legalmente, teniendo en cuenta para ello el plazo de un mes desde su presentación o entrada en la Cooperativa. Sin embargo, añaden, a mediados de mayo los consejeros e interventores expedientados recibieron un escrito con la suspensión de sus cargos, todos ellos contrarios a la gestión del presidente y los miembros del Consejo Rector afines a él, «lo que ha dejado a los órganos de gestión sin voces críticas  justo antes de la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará mañana en la ciudad.