El presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Toledo, Carmelo Casla, ha anunciado el aplazamiento de la manifestación que estaba convocada hoy tras la petición expresa que les ha hecho el presidente autonómico, Emiliano García-Page, de cara a estudiar una solución al pago pendiente durante el actual curso escolar, que ha estimado en 1.800.000 euros.
Casla explicó en rueda de prensa telemática, en la que también ha participado la vicepresidenta de la asociación, Rosario Soto, que la decisión de suspender la manifestación, en la que estaba prevista la presencia de unos 120 autobuses, que iban a iniciar la marcha desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y concluiría ante la sede de la Delegación provincial, se ha adoptado en la asamblea celebrada este lunes «después de tres horas de discusiones».
«El presidente regional nos pidió ayer por la mañana, como favor personal, que aplazáramos o retrasáramos la manifestación diez días para intentar solucionar desde Presidencia la comprometido, y por la tarde, con mucha disparidad de criterios, porque la mayoría se siente engañada al no cumplirse los compromisos adquiridos y mucho creen que a los políticos no les importa el servicio de transporte y lo tienen como un sector marginal, se tuvo en cuenta la petición de nuestro presidente y trasladarla al día 15», desveló.
Y ello, reconoció, «con la esperanza de que alguien coja el toro por los cuernos y atienda nuestras peticiones, que no son nada del otro mundo, sino muy razonables» porque «no pretendemos nada más allá que el resto de provincias, sólo que nos paguen igual que a ellas».
El presidente de la asociación ha detallado que están afectadas en la provincia unas 70 empresas, que aglutinan a casi un millar de autobuses y emplean a unos 1.300 empleados que «influyen sobre unas 4.000 personas».Asimismo, cifró en 1,8 millones de euros la deuda que se mantiene con las empresas toledanas sólo en transporte escolar durante el presente curso escolar, los meses de septiembre, octubre y noviembre, por las 350 rutas que realizan a diario, a lo que ha sumado los impagos atrasados que se mantienen con unas 15 empresas, tras aclarar que ya se han abonado cuatro millones de euros de deudas contraídas en los dos últimos años.
La manifestación prevista para hoy se ha dejado pendiente hasta el próximo día 15, a la espera de lograr una solución, en ronda de contactos que se van a iniciar este mismo miércoles y que tendrán como interlocutor al vicepresidente regional, José Luis Martínez, por los problemas de salud que afectan al presidente García-Page.
Casla ha deseado además una pronta mejora al jefe del Ejecutivo regional, a quien ha dado las gracias por su preocupación personal en solucionar el grave problema económicos que atraviesa el sector. «Merece la pena confiar en que (García-Page) va a poner todos los medios posibles a su alcance para que se solucione nuestro problema», ha reseñado.
Una negociaciones en la que priman cinco reivindicaciones, subrayó el presidente de la asociación. «El cobro de los servicios de transporte escolar que venimos realizando y cobrar el 25% de las indemnizaciones que nos restan por la cancelación de los contratos», casi completamente paralizados desde marzo por la pandemia, y en tercer lugar «la revisión de las medias sanitarias del transporte escolar y ver los costes». Además, la patronal exige «las compensaciones por la falta de servicios discrecionales, suprimidos absolutamente todos por la Covid-19» y, por último, «compensaciones de los servicios regulares que se han realizado durante todo este periodo de pandemia» que, según ha precisado Casla, se han reducido en torno al 20 % por la pandemia, pero «los costes siguen siendo prácticamente iguales para atener a todo la población».
«El servicio que realizamos es esencial. Somos una parte importante en todo el desarrollo de la movilidad en la provincia y hemos sido los primeros dañados por la pandemia, antes incluso que los establecimientos públicos», ha incidido, porque «en marzo los contratos en vigor, las previsiones de pago y compromisos se vinieron abajo», ha sentenciado