El acusado de tenencia y transmisión de pornografía infantil, S. Y. E. M., aceptó ayer dos años de prisión y cinco años de libertad vigilada tras reconocer un delito penado con entre uno y cinco años de cárcel. La carga probatoria del procedimiento se ha visto mermada por un prueba pericial que, finalmente, no cumplía las condiciones para acreditar que las personas de los vídeos fueran menores de 16 años. La conformidad sí acuerda que eran menores de edad.

De esta manera, la Fiscalía se veía obligada ayer a variar la calificación de los hechos y rebajar la horquilla a entre uno y cinco años de prisión por el tipo básico del delito, sin agravantes, en vez de los siete años fijados en un principio en el escrito de acusación. «No debería haberse producido esto, o está acreditado o no está acreditado, pero antes del juicio», señaló a los medios de comunicación el fiscal provincial, Antonio Huélamo.

«No se ha podido entrar en el juicio que pudiéramos de forma inequívoca con los elementos que teníamos probar que todos los menores que salían en el vídeo fueran menores de 16 años», señaló Huélamo.

El procesado reconoció ayer el artículo del Código Penal contra la persona que produjera, vendiera, distribuyera, exhibiera, ofreciera o facilitara la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de protección especial o los poseyera para estos fines aunque el material tuviera su origen en el extranjero o fuera desconocido.  

La acusación de la Fiscalía Provincial detallaba que el procesado, de 22 años, utilizaba la conexión a internet de su domicilio de Villafranca de los Caballeros con un ordenador portátil localizado en su habitación. Así, se descargaba numerosos archivos de contenido pedófilo, hasta 782 archivos.

El escrito de la acusación mencionaba que había menores de hasta tres años de edad, según la información policial, pero no figuraba en la instrucción una prueba pericial sobre la edad de ellos.

El escrito de la Fiscalía mencionaba la petición de prohibición de trabajar en cualquier profesión relacionada con menores, así como la obligación de participar en programas formativos de educación sexual, pero el acuerdo alcanzado ayer no incluye ninguna de estas medidas.