Varapalo judicial para el Ayuntamiento de Toledo. La justicia ha dado la razón a seis empleados del Patronato Municipal de Turismo que ejercían como informadores turísticos sometidos a la discriminación de una doble escalara salarial, una aplicación selectiva del convenio colectivo que infringía el principio de igualdad y que ha terminando con una sentencia en contra del Consistorio y a favor de los trabajadores.

El problema viene de antiguo. Se remonta a octubre de 2009 y se ha mantenido con los distintos gobiernos municipales, en los últimos años del ‘popular’ José Manuel Molina, hasta las dos legislaturas de Emiliano García-Page y la actual, de Milagros Tolón.

Nadie ha sido capaz en el Ayuntamiento de solventar esta irregularidad que ha llevado al jueza del Juzgado de lo Social Número 1 de Toledo, Pilar Elena Sevilleja, a declarar el derecho de los seis demandantes a la extensión y aplicación del convenio colectivo de personal laboral del Ayuntamiento de Toledo, con sus mejoras y modificaciones, y con ello el reconocimiento a la totalidad de sus derechos como si se tratara de personal laboral de la entidad local.

En total, el Consistorio deberá abonarles unos 57.000 euros por complementos salariales, de complemento de nivel y de puesto, no cobrados en los años 2018 y en 2019. Esos complementos están recogidos en el convenio y esos seis empleados no los percibían, discriminándoseles ya que otros compañeros sí que lo percibían.

El problema se originó hace diez años, cuando de forma sorpresiva se produjo la exclusión del convenio colectivo de personal laboral del Ayuntamiento a los trabajadores del Patronato. Durante años, la situación de desigualdad se ha mantenido, sin que nadie haya tenido voluntad de llegar a un acuerdo. «La única fuerza de voluntad ha tenido que ser la coercitiva de una sentencia», afirma el abogado de los seis demandantes, Juan Carlos Moraleda, que ve en la raíz del problema «inacción y prepotencia» por parte de los gestores políticos, que no han tenido voluntad de arreglar una situación discriminatoria que se ha desbloqueado en tiempo récord nada más entrar en los tribunales.

Y es que, la Inspección de Trabajo también había realizado ya varios informes dando la razón a los trabajadores que ejercían con las mismas funciones pero no cobraran como sus compañeros auxiliares administrativos.

El último informe de Inspección de Trabajo señala claramente que los informadores turísticos tienen que ser reconocidos como auxiliares administrativos, cobrar los complementos salariales asociados a esta categoría profesional y horas extras a 19,83 euros.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la jueza señala la «doble escala salarial» que se ha producido todos estos años con los informadores turísticos, a la vez que comenta que ha habido una aplicación selectiva del convenio colectivo, reconociendo a algunos trabajadores y discriminando a otros. Toda esa situación produce, a ojos de la justicia «una evidente infracción del principio de igualdad de trato» hacia los seis demandantes; una situación que finalmente se ha encauzado en los tribunales.

Con todo, el Ayuntamiento recurrirá la sentencia, ya que puede interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El abogado de los demandantes no se muestra preocupado ante un posible un recurso, ya que considera que la justicia volverá a darles la razón.

Por último, al margen de las cantidades que el Ayuntamiento deberá abonar en concepto complementos impagados, también tendrá que pagar unos 90.000 euros en sanciones a la inspección y las pertinentes liquidaciones de la Seguridad Social.