Quizá por el nombre y los apellidos pocos la conozcan salvo los compañeros de profesión, pero María Ángeles López Álvarez tiene una dilatada experiencia como letrada, es socia de la Asociación Libre de Abogados y Abogadas y letrada de la Asociación Clara Campoamor.  Quizá su cara sí resulta más familiar porque no es la primera vez que los informativos hablan de ella y recogen declaraciones durante juicios muy mediáticos y de delitos muy graves, como ocurrió hace tres años cuando solicitó como acusación particular una condena de 78 años y seis meses de cárcel para A. Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, que terminó con una pena de 70 años y seis meses por secuestrar y agredir a cuatro niñas en 2013 y 2014. 

El caso tuvo mucha proyección y la letrada aprovechó también para solicitar que los permisos penitenciarios se apliquen de manera individualizada porque suele ser frecuente que algunos condenados agredan sexualmente durante esos días. María Ángeles tiene muy trilladas las leyes y conoce muy bien los problemas a los que se enfrentan los abogados con casos relacionados con violencia de género.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género se aprobó hace un par de años, pero parece que no termina de arrancar. ¿Qué echa de menos como abogada?

Los abogados pensamos que tiene que echar andar todavía y no lo ha hecho la ley del 2004, la de Violencia de Género. Tiene muchas cosas que están ahí, como el tema de la valoración de riesgo, por ejemplo, que se sigue dejando en manos de la policía cuando la ley prevé que sea un equipo psicosocial para que haya gente más cualificada para realizarlas. Lo que creo es que la ley está bien, es integral y da muchas perspectivas sociales, laborales y de todo tipo, pero hay que gastarse dinero en este tema. 

Estamos hablando de un problema de desigualdad estructural que padecen las mujeres respecto a los hombres y en lo que la ley más ha avanzado es en temas penales, en sanciones y demás porque es fácil aplicar el Código Penal, pero es mucho más difícil gestionar cómo se ayuda a esas mujeres que salen de la violencia en el plano psicológico porque de repente no hay dinero y desaparecen las ayudas en los ayuntamientos. También hubo dificultades en el papel del Gobierno central cuando Rajoy decidió que estas administraciones no llevaban prestaciones de esta naturaleza y en el apoyo a los hijos víctimas de violencia. A la ley le falta un desarrollo importante. 

También hay que seguir trabajando en materia de concienciación sobre lo que es violencia y lo que no, por qué no hay que aceptarla, y plantear ayudas y apoyo a las personas que pueden intentar salir de esta situación. 

¿Qué problemas os encontráis los abogados en los juzgados en relación a los asuntosde violencia de género? En Toledo, sin ir más lejosel órgano está saturado y comparte materia con la propia de un juzgado mixto.

Eso no puede ser. La ley y el convenio de Estambul, que tenemos suscrito también, hablan de la necesaria especialización en violencia de género y en la doméstica. Es una materia muy especial porque tiene elementos emocionales muy importantes, afectos, compartir parientes e hijos, etc, y necesita una formación específica en género por parte del juez, del fiscal y de los abogados. 

En este caso, los colegios de abogados han hecho un notable esfuerzo, con mejor o peor éxito, por la especialización, algo que también ha ocurrido en la Policía, que también ha hecho un esfuerzo para que los funcionarios que se dedican a esta materia hagan cursos de formación. Se trata de ir especializando a todos los agentes que intervenimos y para hacer turno de oficio en esta materia tenemos que hacer unos cursos de formación específica. Y está claro que los juzgados sólo pueden llevar violencia porque no se da abasto y  estos asuntos siempre son urgentes y del momento y no es posible llevarlo bien de otra manera. Además, si un procedimiento se lleva mal al final cunde el desánimo en la víctima y llega un momento que se vuelve atrás porque ve que no recibe la ayuda ni la solución que necesita y se desanima.

Ese problema de echarse atrás sigue siendo muy frecuente. Hace años, cuando la víctima se negaba a declarar a pesar de ser un derecho se acababa el procedimiento. ¿Sigue ocurriendo con frecuencia?

La dispensa sigue igual. El procedimiento puede seguir aunque ella no declare, pero de facto lo normal es que se archive. El Tribunal Supremo ha dado una vuelta de tuerca a la dispensa de la obligación de declarar del artículo 416 del Código Penal en 2018 diciendo que no tienen validez las declaraciones si la víctima se retracta.

¿Es una buena noticia que el Tribunal Supremo haya aceptado que la agravante de género pueda aplicarse sin que la víctima y el agresor mantengan una relación?

La agravante de género la aplica el Supremo porque el Código Penal la ha introducido. La reforma del 2015 la incluyó y el Supremo tiene que aceptar lo que le manda la ley. 

Hay distintos colectivos que trabajan con menores víctimas de violencia de género, como la Asociación Luz Casanova, que critican la falta de agilidad en los tribunales en relación a estos procedimientos y consideran que al final se revictimiza a los menores.

Con el Estatuto de la Víctima y lo que ha supuesto de reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal se consolida ya una tendencia que existía, que los menores vayan cuanto menos al juzgado. Al niño se le graba su testimonio y no se le vuelve a molestar en todo el procedimiento porque no se le puede estar mareando constantemente. En estos casos, sí se ha avanzado porque con ambas reformas se habla de que para los menores y las personas con capacidad disminuida se hagan pruebas preconstituidas para evitar todo esto.

Últimamente las estadísticas contabilizan más casos de violencia de género entre adolescentes, una problemática que también preocupa a colectivos que trabajan con menores de estas edades. ¿Qué está pasando?

Manejo poco las estadísticas y no sé si hay más o ahora se conoce más porque muchas veces es así.  Ahora se dice que hay violencia sexual en la familia, pero es algo que ya había, pero no se hablaba, no se decía y se ocultaba y ahora se visibiliza más. No sé si hay más o no, lo que sí creo es que ahora se expone más.

¿Sería necesario también poner ne marcha una ley integral de violencia sexual? Se están viendo muchos casos últimamente de agresiones y abusos sexuales en grupo y los expertos piden reformas a raíz de ello.

Es un tema que se está debatiendo ahora. Se está estudiando crear una ley integral de violencia sexual que incluya todas las formas de violencia. Es un tema que está ahí y hay que hablar, pero una ley es muy cara.