El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado que el próximo 10 de diciembre será el día de creación del Consejo Regional contra la Despoblación amparado en la legislación aprobada este año para afrontar este problema, un órgano que estará formado por los presidentes de las diputaciones provinciales, cinco alcaldes designados por la FEMP, grupos de Desarrollo Rural y agentes sociales de toda la región de cara a analizar la situación en la Comunidad Autónoma para poner en marcha medidas para revertir este escenario.
Este órgano asesor será el foro donde se debata "el conjunto de medidas" a implementar en la estrategia contra la despoblación, última herramienta normativa pendiente de ser aprobada para el completo desarrollo de la legislación.
Así lo ha puesto de manifiesto durante una nueva edición del foro 'La España Vaciada' impulsado por la Cadena Ser, esta vez en la localidad toledana de Los Navalmorales, donde ha dicho que todas las medidas previstas en la ley contra la despoblación -bonificaciones, ayudas e incentivos- se traducen en una inversión de 450 millones de euros.
Aunque el tema ya está "políticamente encima de la mesa" para sacarle partido, ahora la obligación de las instituciones que están trabajando en este asunto desde hace años es "continuar con los mismos planteamientos".
Para el Gobierno de la región, la despoblación "no es nueva", incluso este Gobierno ha puesto en marcha desde estrategias ITI hasta una legislación diseñada a medida para combatir esta circunstancia.
Un ley que quiere blindar servicios públicos o movilidad, además de incentivar las inversiones y el movimiento de la economía a base de apostar "por nuevos sectores que puedan crecer en estos territorios".
La norma además incluye "por primera vez medidas fiscales" por la vía de la discriminación positiva, una novedad nunca antes utilizada en forma de herramienta contra la despoblación, tal y como ha recordado.
Así, solo por vivir en estas zonas, hay desgravaciones de hasta el 25% de la cuota del IRPF, y aquellas personas que quieran comprar o construir una vivienda pueden ver hasta el 15% de bonificación.
El objetivo con estas medidas fiscales es conseguir que los jóvenes puedan fijarse en los pueblos a la hora de decidir dónde desarrollar su carrera profesional.
"Que las personas elijan dónde vivir, ese es el objetivo. Desde la libertad de que tienen servicios públicos garantizados, actividad económica, empleo estable, o que se pueda plantear residir en estos municipios para trasladarse a trabajar a otro sitio", ha abundado el 'número dos' del Gobierno autonómico.