La Administración de Justicia ha recuperado su actividad plena con el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales que se vieron suspendidos por la declaración del estado de alarma, por lo que los órganos judiciales de Castilla-La Mancha han reiniciado la celebración de actos procesales, entre ellos el desarrollo de juicios.

El decano del Colegio de Abogados de Toledo explicó, en este sentido, que la normalidad está llegando al ámbito judicial toledano siguiendo los protocolos y pautas emitidos y, por ello, «reseñalando los juicios que tuvieron que suspenderse y tramitando los nuevos que están llegando».

Aprecia Ángel Cervantes que en Toledo el proceso se está iniciando pero de manera escalonada por la escasez de medios para, por ejemplo, celebrar juicios por vía telemática en el caso de los contenciosos que, explica, «no son tan complejos como los civiles o penales en los que intervienen más personas». Ante ello, apunta que en los juzgados de Toledo capital «hay 16 salas para celebrar juicios y sólo están operativas cuatro, dos en cada planta» en lugar de cuatro.

De ahí que aunque espera equivocarse, lo cierto es que el decano del Colegio de Abogados teme «un colapso en la justicia a nivel general» porque «este virus ha evidenciado lo que ya sabemos desde hace años». Esto es, que «la justicia no ha hecho los deberes y presenta un colapso de hace años ahora acrecentado».

En cuanto a los motivos de este realismo profesional, Cervantes alude a que se espera «a corto plazo» la llegada de procesos de ámbito laboral relacionados con los ERTE, los despidos y los impagos, asuntos que «colapsarán» el sistema judicial en una provincia, la de Toledo, que «sólo cuenta con dos juzgados de lo social ya maltrechos». El segundo de los golpes será el relacionado con «la materia familiar» vinculada a los incumplimientos de los regímenes de visita durante la cuarentena y a las modificaciones en las pensiones de alimentos. Es decir, «estos procesos serán muchos» porque la realidad laboral y económica de muchas personas ha variado con esta crisis y, por ello, las condiciones de este tipo de pensiones.

Una «segunda oleada» se fijará en los asuntos referidos a «las responsabilidades patrimoniales de la administración sanitaria» en forma de demandas por fallecimientos o secuelas, procesos que «serán escalonados en el tiempo» porque antes  se deben tramitar los expedientes a la administración o a los titulares de las residencias de mayores o centros asistenciales.

Y por último, no olvida mencionar el responsable del Colegio de Abogados las «cuestiones concursales» como las insolvencias de empresas que tendrán un retraso debido a que el Real Decreto señala que no se presentará ninguno antes del 1 de enero de 2021.

«CLM, hija del Ministerio». Sea como fuere, y con la esperanza de «que esta situación sea algo transitorio antes de retomar la normalidad», Ángel Cervantes augura meses de colapso en un órgano en el que «los funcionarios no han podido, a pesar de su deseo, trabajar desde su casa por la escasez de medios» y de recursos en un órgano que lleva años reclamando la debida atención pública.

Sobre la diferencia contemplada entre las comunidades autónomas que tiene transferida la competencia de justicia y las que no -entre ellas CLM-, aseveró que si bien es cierto que «las primeras le dedican más recursos y están un poco mejor» mientras el resto «seguimos siendo hijas del Ministerio de Justicia», también lo es que «somos primos-hermanos».