El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha iniciado en el día de hoy el trámite de audiencia de la liquidación provisional de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) en la autopista AP-41, Madrid-Toledo.

Se trata de la quinta concesión para la que se inicia dicho trámite, después de que el Consejo de Ministros aprobase el 26 de abril de 2019, una vez cumplida la tramitación establecida en la legislación sobre contratos públicos y de acuerdo con el Consejo de Estado, el «Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)».

Una vez concluya el trámite de audiencia, que tendrá una duración de 15 días, se analizarán las alegaciones recibidas en el mismo y, a partir de dicho análisis, se procederá a dictar la primera resolución de determinación de la RPA.

Siguiendo lo indicado en el citado Acuerdo de interpretación, se ha calculado la RPA de esta autopista, determinándose que la RPA reconocida asciende a casi 107 millones euros. Esta RPA es el resultado de la suma de la RPA por obras (casi 222 millones) y la RPA por expropiaciones (algo más de 54 millones de euros), suma a la que es preciso descontar el valor de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha de la valoración, la «perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de absoluta normalidad» (21,52 millones de euros) así como minorar las indemnizaciones pagadas a los expropiados por la Administración (más de 147 millones de euros).

Sobre el importe de la RPA reconocida, y según el citado Acuerdo, se han de retener provisionalmente los importes para hacer frente a la liquidación de situaciones aún pendientes (estimación de los importes por expropiaciones pendientes de pago, de las que pueda tener que hacerse cargo la Administración, incluyendo las indemnizaciones previsibles por la reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos), que ascienden en este momento a más de 61 millones de euros.

En consecuencia, el importe a abonar por RPA en estos momentos es de más de 45 de millones de euros.

El Acuerdo de interpretación aprobado establece que un año después de que se dicte la primera solución de determinación de la RPA se procederá a determinar una nueva resolución, en este caso definitiva, a los efectos de regularizar aquellas situaciones pendientes que hayan quedado resueltas en este período, como es el pago de expropiaciones.