Los vecinos de Alberche seguirán siendo ‘del Caudillo’ hasta que un tribunal diga lo contrario. El debate ha vuelto a ponerse sobre la mesa tras la pregunta que el senador de Compromís, Carlos Mulet, realizó en el Senado en virtud de la Ley de Memoria Histórica, pregunta que hizo extensiva a todos los municipios españoles que siguen con alusiones al régimen franquista en sus nombres y calles.

En la contestación obligada por parte del Ayuntamiento a la Cámara Alta, su alcaldesa, Ana Rivelles, explica que los dos procedimientos judiciales iniciados con este objeto ante los juzgados de lo contencioso-administrativo 1 y 2 de Toledo, e iniciados por el abogado Ranz Alonso, concluyeron sin que dichos juzgados hayan acordado que hubiera que proceder al cambio de denominación.

La Entidad Local Menor de Alberche, perteneciente a Calera y Chozas, fue creada en 1957 como otros cinco pueblos de colonización en la provincia, a instancias del Instituto Nacional de Colonización (INC). Desde entonces, se acompaña del apelativo prohibido por la Ley de Memoria Histórica, que seguirá siempre que no se vean obligados por una sentencia judicial.  

Los vecinos de Alberche en su gran mayoría no tienen problemas con el nombre. Lo consideran algo «sentimental, histórico sin darle importancia a las connotaciones políticas» que pueda levantar. Es más, defenderían la misma postura si en lugar de la alusión franquista, el nombre del pueblo fuera justamente del bando contrario, aseguran. Consideran que el municipio debe seguir llamándose de la misma forma que cuando nació, y en esto coinciden la mayoría, ya sean de derechas o de izquierdas.

La polémica ha perseguido a Alberche en diferentes etapas en los últimos años. La última, en 2016, cuando la alcaldesa popular Rivelles, prácticamente estrenando el cargo, se encontró con las denuncias de este abogado que, desde Madrid, llevó a los tribunales a los municipios con cualquier tipo de recuerdos de la dictadura. La alcaldesa fue acusada de «inducir al odio» a sus vecinos.

También cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, en 2007, el pueblo y su ‘apellido’ volvieron a saltar a la palestra. El alcalde de entonces, el socialista David Rueda, se mostró a favor de cambiar el nombre si así lo ordenaba la Ley, pero no se avanzó mucho más.

En ambos casos se habló incluso de realizar un referéndum para que fueran los mismos vecinos los que decidieran, aunque ninguno se llevó a cabo. La mayoría de habitantes de un pueblo que ha ganado en prosperidad en los últimos años, no le dan importancia a una denominación que, además, apenas suele citarse. Cabe destacar que en la entrada del municipio, como denominación de la localidad figura únicamente la palabra Alberche.

Los vecinos lo consideran un debate inútil porque ellos  mismos no están molestos, y menos ahora, con  «cosas más importantes en las que pensar» en plena pandemia.

Salvo el nombre de la localidad, en Alberche no se encuentra símbolo franquista alguno en sus calles o plazas y ya eliminó hace alrededor de un cuarto de siglo la placa de Franco que lucía en el Ayuntamiento desde 1962.

Desde la EATIM restan importancia a las posibles connotaciones políticas, asegurando que se trata de un municipio tradicionalmente socialista. La alcaldesa actual es del Partido Popular, pero en las elecciones, «el PSOE arrasa».

Además, tampoco tiene potestad en su categoría de Entidad Local Menor dependiente de Calera y Chozas. Debería ser este Consistorio, el del municipio de cabecera, el que iniciara los trámites para eliminar el controvertido ‘apellido’, siempre tras ser aprobado en sesión plenaria. No obstante, y aunque prefieran mantener el nombre original del pueblo desde hace más de 60 años, será la Ley de Memoria Histórica y un juzgado los que tengan la última palabra.