El derrumbe de un inmueble en el número uno del callejón de Niños Hermosos durante la tarde del pasado sábado se generó por el desplome de la casi totalidad del cuerpo central del edificio, aunque su colapso no generó daños personales ni afectó a otros edificios colindantes o la vía pública. La incidencia, de una notable magnitud dado el volumen de escombros pendientes de retirar en el espacio que ocupaba la vivienda, ha obligado al Ayuntamiento de Toledo a decretar una batería de exigencias a sus dueños para garantizar la seguridad en el entorno y evitar la caída de aquellas partes de la casa que, aunque maltrechas, aún resisten en pie. Teo García, concejal de Urbanismo, Vivienda y Promoción Económica, anunció la resolución del Consistorio, una propuesta que pretende limitar los daños y obligar a los propietarios a asumir responsabilidades.
Desde el Ayuntamiento ya han contactado con los propietarios de la vivienda. La administración les concede un plazo de quince días para la ejecución de medidas de seguridad en su vivienda. «Los escombros están allí almacenados, hacia el cerramiento del callejón que es el muro que tienen de contención», explica el edil de Vivienda. Además, «la planta superior amenaza con un nuevo desplome». El edificio, separado por dos patios, mantiene erguida una pequeña porción de lo que fue hasta el pasado sábado. El actual amasijo de adobe y madera se encontraba parcialmente apuntalado, lo que impidió que se precipitara hacia el callejón de Niños Hermosos.
La normativa aprobada por el Ayuntamiento reclama a los dueños celeridad para que el desastre no tenga una segunda réplica. «Lo que tiene que hacer la propiedad es impedir la presencia de personas en el edificio por el peligro inminente de desplome», asegura García. El texto plantea levantar un vallado metálico hasta el acceso del inmueble colindante para evitar que afecte a cualquier viandante. El decreto municipal exige también «medidas urgentes de seguridad» que consisten en la retirada de escombros, la demolición del cuerpo superior de la zona desplomada, «que es como un vuelo», el apuntalamiento del resto de plantas del edificio y el apeamiento completo del cobertizo.
García clamó rapidez ante el deterioro observado. «Que se realice inmediatamente debido al riesgo existente». El Ayuntamiento concederá quince días para la ejecución de las labores de vallado, refuerzo y vaciado de la estructura severamente afectada. «El edificio ha caído sobre sí mismo; además de la retirada de los escombros, se ordena a las compañías suministradoras el corte de sus suministros ante un posible colapso».
La emergencia por la situación creada y la capacidad aún no desactivada de provocar más daños alertan a las instituciones. «Si en quince días no está hecho y la propiedad se mantiene impasible, el Ayuntamiento procederá a sancionarlo de forma contundente, sin descartar otras posibles medidas como la expropiación del inmueble», anuncia García. Una multa económica es la primera posibilidad que baraja el Consistorio en caso de que los dueños decidan no acatar las orden dada. Pero si el incumplimiento persiste, «puede consistir un supuesto de expropiación», remarca el concejal.
García recuerda la existencia de diversas órdenes de ejecución sobre esta vivienda, unos requerimientos «que se habían incumplido de forma sistemática». El edil apunta a que varios de ellos se sucedieron a lo largo del pasado año y que uno más fue enviado en el inicio del presente 2019. «Los propietarios, además de derechos, tienen obligaciones y responsabilidades», añade el responsable municipal. La dejación en el cuidado de este edificio del Casco histórico pudo haber generado una tragedia si alguien se hubiera encontrado en su interior en el momento exacto del derrumbe. Desde el Ayuntamiento apuntan a la doble condición de «seguridad y habitabilidad» como principios para la conservación de viviendas en la ciudad. «No estamos dispuestos a permitir que se juegue con la integridad de nuestro patrimonio ni mucho menos con la vida de las personas».