Abril, mayo y junio se convirtieron en meses muy negros para la actividad judicial, marcada en buena parte por el estado de alarma, que suspendió todas las agendas y la actividad en general salvo la urgente, y la desescalada, con el cúmulo de procedimientos pendientes y la vuelta a la vida de los juzgados con numerosas medidas frente al coronavirus. Los datos se transforman una vez más en la mejor radiografía de los órganos judiciales y de la ralentización de un servicio que también perjudica al ciudadano por sus retrasos y su falta de medios.
Según se desprende del informe de activada judicial del segundo trimestre del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la crisis sanitaria de la covid-19 ha afectado gravemente a los juzgados de la provincia, sobre todo, en la jurisdicción civil, con una caída del 40,5% de la actividad entre el 1 de abril y el 30 de junio respecto al mismo periodo del año anterior.
La estadística publicada esta semana recoge un ingreso de 4.587 procedimientos, 139 por cada juzgado, en los 33 órganos judiciales de la provincia, contando también con la actividad de la Audiencia de Toledo. Una notable disminución si se compara con los 7.720 asuntos registrados en 2019.
La misma tendencia se refleja en la resolución de los procedimientos porque durante el segundo trimestre los juzgados han tenido que acatar un amplia serie de medidas en plena pandemia. Los juzgados resolvieron 4.074 asuntos, 123,4 de media por órgano, es decir, 3.477 procedimientos menos que durante el segundo trimestre de 2019.
Por tanto, la acumulación de asuntos en los distintos juzgados, en unos más que otros, conduce a aumentar la dilación de muchos de ellos, puesto que a finales de junio quedaban pendientes de resolución 30.826 procedimientos, 934 de media por cada juzgado, un volumen muy superior a lo que se aconseja desde el CGPJ como carga razonable de trabajo.
Dentro de la jurisdicción civil también se encuentra el juzgado de lo Mercantil, muy saturado desde hace años, también ha resultado bastante afectado con la paralización originada por el estado de alarma. En este sentido, el informe apunta una caída del 30,5% en relación a los asuntos ingresados, a que se registraron 109 entre el 1 de abril y el 30 de junio, 48 menos que en el mismo trimestre del año anterior. En este caso, la información derivada de las cláusulas suelo no figura a pesar de que asuma la materia a través de un juzgado de refuerzo.
penal, también afectada A esta jurisdicción también le ha dado en la diana la crisis sanitaria, aunque en menor porcentaje que en la civil. El informe refleja una reducción del 31,6% en la actividad de los 37 órganos judiciales de la provincia, que incluyen las dos secciones de la Audiencia Provincial. La caída de la actividad ha sido menos importante porque buena parte de los asuntos penales se han tramitado con carácter de urgencia debido a su naturaleza en estos tres meses tan peculiares.
Al inicio de este segundo trimestre había pendiente 15.978 asuntos derivados de enero, febrero y marzo. A esta cantidad hay que sumar un ingreso de 5.938, 160 procedimientos de media por órgano, 2.740 menos que en el mismo periodo del año anterior. Es necesario resaltar también que a finales de junio quedaron pendientes 16.913 asuntos, 457,1 para cada uno de los juzgados, una cifra significativa que continúa colmando la intensa actividad judicial que puede llevar a tener que solicitar medidas de refuerzo temporal este otoño. Si bien, esa reivindicación aún está en el aire y deberá apoyarse de las cifras del resto de jurisdicciones, muy tocadas también por la crisis sanitaria y las medidas impuestas desde primavera.
Por el contrario, los asuntos relacionados con la violencia de género apenas han sufrido variación esta primavera porque, entre otras cosas, esta materia entra dentro de los criterios de urgencia y la paralización de los juzgados no la redujo. Durante el segundo trimestre de ese año, los juzgados de la provincia de Toledo que compaginan esta actividad con la propia de un órgano de primera instancia e instrucción, contabilizaron la entrada de 559 asuntos, solamente 29 menos que entre abril y junio de 2019, lo que se traduce en una bajada del 3,9% en la actividad. También se resolvieron en tres meses 517 procedimientos, 82 más si se compara con el periodo analizado del año anterior.