«En la provincia de Toledo hay cientos de caminos públicos usurpados». Así lo denuncia el portavoz del Club Deportivo Torozo de Sonseca, Mariano Gómez, entidad organizadora junto a la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, de las XII Jornadas en Defensa de los Caminos Públicos, celebradas desde este vienes en el castillo de San Servando de Toledo con más de 140 participantes.

Un foro, con ponencias y mesas redondas, que pone el foco en un debate cada vez más al alza: el expolio de caminos públicos. En la provincia, la problemática se acrecienta en la zona de Los Montes debido al elevado número de fincas de grandes dimensiones dedicadas a la caza mayor, «el principal motivo» del cierre de los caminos, indica Gómez.

Los propietarios cierran sus fincas y «se olvidan» de que en su interior hay senderos públicos que quedan inutilizados para los vecinos. La acción de los ciudadanos se ha de encaminar a pedir al  Ayuntamiento de la localidad en cualquier, que por ley es el propietario de los caminos de su término municipal, tenga inventariados y bien delimitados los mismos. «Pese a que es obligación legal pocos consistorios han realizado esta labor», lamenta.  «La inacción de los ayuntamientos provoca que estas situaciones clamorosas terminen consolidándose y los ciudadanos no puedan pasar».

Hace referencia a un caso concreto en la provincia. El Ayuntamiento de Mazarambroz, explica, sigue sin elaborar un inventario de caminos públicos requerido judicialmente hace tres años. «Hay una condena pero aún no han elaborado el inventario y cada día se cierran más», lamenta, alertando de la «pasividad» de este consistorio, liderado por el PSOE.

El mismo partido que preside el municipio de Piedrabuena con una actitud radicalmente opuesta, defiende. En esta localidad ciudarrealeña, la administración local «ha iniciado este verano la apertura».

Las plataformas en defensa de la recuperación de los caminos públicos están elaborando un censo con los senderos usurpados. Aún no lo tienen listo, pero recalcan que hay términos municipales con decenas de ellos inutilizados para los ciudadanos. A esto se suma «el problema medioambiental y de conservación», alerta Gómez.

En el centro y sur. Por su parte, Manuel Trujillo, responsable de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, celebra que el salón de actos de San Servando «se haya llenado». «Demuestra que es una preocupación real y que los ciudadanos están cada vez más concienciados».

Insiste en que los ayuntamientos deben tener un inventario de los caminos públicos de su municipio «y garantizar que todos ellos estén abiertos para el tránsito peatonal».

Sostiene que este problema de usurpación de senderos afecta principalmente a la zona centro, este y sur del país, donde se registran las fincas más grandes dedicadas a la caza. «En el norte y noroeste de España la situación no es tan clamorosa», reconoce.

Apunta que son los consistorios quienes deben actuar, pero entiende que en algunos casos «no quieren complicarse la vida» porque los propietarios de las fincas «tienen mucho terreno y mucha influencia». En otros casos, la ausencia de defensa tiene que ver «con desconocimiento o falta de medios», motivo por el que reivindica la implicación de las diputaciones provinciales e incluso de las comunidades autónomas.

Mariano Gómez lamenta que las administraciones públicas -Junta, Diputación y Ayuntamientos- no hayan participado en el encuentro, aunque espera que las conclusiones de este foro de expertos «sean escuchadas».