La lucha contra el cambio climático sobrevuela de nuevo las propuestas medioambientales de los partidos de cara a las elecciones, aunque con grandes diferencias respecto a la prioridad que cada uno otorga a dicho objetivo. Sin embargo, y a pesar de que en esta nueva cita con las urnas los planteamientos de los grupos apenas varían respecto a las generales del 28-A, existe una circunstancia que afectará de un modo determinante al nuevo Gobierno que salga de los comicios: Madrid acogerá en breve la COP25 del clima de la ONU sin haber podido aprobar su Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), por lo que será una de las primeras tareas que deberá afrontar el próximo Ejecutivo.

El anteproyecto de LCCTE elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) fue aprobado en febrero de este año por el Consejo de Ministros. Junto al Plan de Energía y Clima y a la Estrategia de Transición Justa, forma el paquete normativo de energía y clima del Gabinete socialista.

La elaboración de una Ley de Cambio Climático era, además, uno de los puntos coincidentes en materia ambiental -en muchos casos con redacciones casi literales-, de las últimas propuestas presentadas por el PSOE y Unidas Podemos para desbloquear la formación de un Gobierno, lo que finalmente no fue posible.

El borrador de anteproyecto responde a los compromisos de España con la Unión Europea respecto a la descarbonización de la economía con miras a 2050 y al cumplimiento del Acuerdo de París.

Los pilares de la nueva normativa son la reducción de gases de efecto invernadero, la introducción de energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad sostenible, señaló entonces la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Así, el anteproyecto contempla una reducción de un 20 por ciento de emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto a las de 1990, y de un 90 por ciento en 2050.

Este proceso de descarbonización tendrá efectos sobre la salud: los beneficios han sido estimados en una disminución en el número de fallecimientos prematuros debidas a la contaminación atmosférica de 2.222 muertes menos en 2030 respecto al escenario tendencial. Esto implica pasar de 8.951 a 6.729 decesos anticipados, una reducción del 25 por ciento, según datos del Ministerio que dirige Ribera.

Revuelo en la automoción

El primer borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética suscitó polémica en el sector de la automoción, al incluir, entre otras medidas, que en 2040 estaría prohibido vender y matricular vehículos propulsados por gasolina, diésel, gas o híbridos.

Una pata fundamental de este marco climático es la «estrategia de transición justa» con medidas que aseguren un tratamiento «equitativo y solidario» para los territorios y los trabajadores de los sectores más afectados por ese viaje hacia una economía baja en carbono, como el minero, el de las térmicas o el nuclear.

Así, el texto prevé aplicar un Plan de Acción Urgente en el periodo 2019-2021 para la reactivación de comarcas afectadas por el cierre de minas, centrales térmicas de carbón y las nucleares de Garoña (Burgos) y Zorita (Guadalajara).

El borrador del plan integral nacional de energía y clima de España fue calificado como el mejor de la UE, según un informe del Ecologic Institute y Climact.

La convocatoria de elecciones ha dejado los textos en suspenso, por lo que los comicios del 10-N determinarán finalmente quién deberá sacar adelante esta legislación socioambiental.