La actual pandemia ha dejado clara la necesidad de revisar la atención a los mayores y dependientes. De cara al año que viene, el Gobierno regional tiene previsto invertir 56,8 millones de euros en reformar su modelo de Bienestar Social, que incluirá la implantación de un nuevo ‘plan de cuidados de larga duración’, capaz de hacer frente tanto a una situación de alerta sanitaria como la actual, como a los problemas derivados de cuestiones de ‘largo recorrido’ como reto demográfico, el aumento de la esperanza de vida y el nuevo salto digital producido en estos meses.

Entre otras cosas, este plan incluirá “mejoras” importantes en los centros de atención de personas mayores y dependientes, según explica la consejera de Bienestar Social en el marco de la Comisión de Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Dentro de esta revisión del ‘paradigma’ de atención, también se confirma la implantación de cara al próximo año de un servicio de Telecuidado avanzado para las personas mayores y en situación de dependencia, así como la puesta en marcha de un Sistema de Información Social, dirigido a modernizar y actualizar las herramientas al servicio de los profesionales y en beneficio de las personas usuarias.

Para todo ello, “vamos a aprovechar la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos Next Generation, como mecanismo de recuperación y resiliencia con un ambicioso Plan de Inversiones que supondrá la modernización en la continuidad de cuidados desde el hogar hasta los centros residenciales”, según explica Sánchez.

La consejera también defiende ante las Cortes que 2021 supondrá un impulso del Sistema de Dependencia, “con un presupuesto total de 574,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto a 2020 con el objetivo de atender la promoción de la autonomía y la atención a las personas en situaciones de dependencia, garantizando la continuidad de los cuidados y la agilidad y eficiencia en la prestación de servicios”.

En este contexto, el Gobierno regional apuesta por el efectivo desarrollo del ‘Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia’ del Gobierno de España, “que supone un compromiso para avanzar en la corresponsabilidad de la financiación del Sistema con 600 millones de euros para el conjunto de las comunidades autónomas, tal y como el Ejecutivo autonómico viene reclamando”, ha remarcado la titular de Bienestar Social.

En cuanto a la polémica suspensión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, Sánchez apunta que el Gobierno regional ya está trabajando en el “Decreto de ordenación de las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales para personas en situación de dificultad económica o social”, con el objetivo de armonizar y adaptar las prestaciones sociales a las nuevas situaciones, a las necesidades derivadas de la Covid-19, y a la implantación del Ingreso Mínimo Vital”.