Denuncian el proyecto de privatización de ayuda a domicilio

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El equipo de Gobierno formado por el Partido Popular y una concejal de C´s en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, «quiere ahora que las trabajadoras municipales que desempeñan el Servicio de Ayuda al Domicilio pasen a depender de una empresa

El equipo de Gobierno formado por el Partido Popular y una concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden, «quiere ahora que las trabajadoras municipales que desempeñan el Servicio de Ayuda al Domicilio pasen a  depender de una empresa privada». Así lo denuncian desde el Grupo Municipal Socialista en un comunicado en el que recuerdan que «se trata de profesionales con más de veinte años de antigüedad en el Ayuntamiento que cuidan diariamente a personas mayores y/o dependientes, y que verían así peligrar sus derechos laborales».

A las presiones sufridas por las trece trabajadoras de la Escuela Infantil, exponen los socialistas, «hay que sumar ahora este nuevo caso en el que un colectivo exclusivamente femenino está siendo hostigado. Un colectivo tradicionalmente afectado por enfermedades profesionales y frecuentes dolencias derivadas de la naturaleza del servicio».

 El equipo de Gobierno se ha reunido ya con las trabajadoras, desvelan desde el PSOE, «y les ha querido ‘vender’ que sus condiciones permanecerán inalterables». Sin embargo, alerta el PSOE  «al pasar a una empresa privada» se pone en riesgo «sus condiciones laborales y sus derechos adquiridos» en 20 años al servicio del Ayuntamiento.

Dice el PSOE que esta privatización no representaría ahorro económico, «de ahí que no se entiendan las razones de esta privatización, a no ser que se quiera favorecer a alguna empresa del ramo».

«No vamos a consentir, una vez más, que un servicio ejemplar y de una trayectoria impecable caiga en manos de empresas cuyo único objetivo es la obtención de beneficio económico, sin importar la calidad del servicio», manifiesta el Grupo Socialista. «Si es necesario acudiremos a los tribunales para evitar este nuevo ataque contra un colectivo encargado de una tarea muy sensible de atención a personas dependientes, en unas condiciones laborales muy duras, y que necesitan de especiales medidas de prevención de riesgos laborales por parte del Consistorio.