El informe del BBVA Research sobre la evolución de la financiación de las comunidades autónomas también analiza cómo abordan los tributos sobre los que tienen margen de maniobra. Es lo que ocurre con el de Sucesiones y Donaciones para el que buena parte de las regiones tienen bonificaciones propias, incluida Castilla-La Mancha. El estudio recoge el dinero que se podría haber recaudado si se hubiera seguido la norma estatal y no se hubieran aprobado bonificaciones.

Para Castilla-La Mancha esa cantidad llegaría a los 553 millones de euros en una década, de 2009 a 2019. Es el dinero que se habría recaudado sin esas bonificaciones propias. De media, da alrededor de 55 millones al año. Pero mirando la tabla se nota algo de diferencia con el cambio de normativa que se hizo sobre las bonificaciones de este impuesto a partir de 2016, dejando la bonificación del 100% para cantidades inferiores a 175.000 euros y bajando por cuantías hasta dejar el 80% para superiores a 300.000 euros. 

En los primeros años y hasta 2016 incluido, Castilla-La Mancha dejó de percibir por estas bonificaciones alrededor de 50 millones de euros. Desde 2017 en adelante esa cantidad que se ha dejado de cobrar ha bajado al umbral de los 40 millones de euros. Se podría decir que el cambio normativo que se aprobó en 2016 ha hecho que la región ingrese diez millones de euros más al año.

En cuanto al impuesto de Transmisiones Patrimoniales el tipo en Castilla-La Mancha está en 9%. Solo por encima, en un 10%, están Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Cantabria. En Actos Jurídicos Documentados el tipo está en 1,5%, como casi todas las autonomías. Solo lo tienen por debajo Asturias, La Rioja, Canarias, Baleares y Madrid.