La portavoz del PP rogó ayer en la Comisión de Hacienda que el Ayuntamiento de Toledo elabore un informe jurídico-económico para determinar las consecuencias que puede acarrear la anulación definitiva del Plan de Ordenación Municipal sentenciada por el Tribunal Supremo. Claudia Alonso intentó que los altos funcionarios presentes en la reunión (secretario, tesorera, interventor, economista y jefe de presupuestos) aclarasen algo sobre la marcha pero la discreción y prudencia de estos profesionales es encomiable. Al menos, después de mucho insistir, logró que la concejal de Hacienda admitiese que, a día de hoy, no consta que exista nada parecido a lo que pide. «No te puedo decir», señala Paloma Heredero.
Lo que sí quedó claro es que el Ayuntamiento de Toledo va a continuar aplicando como referencia los valores catastrales que le facilita la Gerencia del Catastro, sencillamente porque no puede ser de otra manera. Y que los recibos del IBI o los cálculos de otros impuestos (plusvalías) se hacen con el valor catastral que figura en el padrón a uno de enero.
Viene esto a cuento porque Alonso insistió machaconamente en que una vez producida la sentencia los terrenos urbanizables recalificados en el POM del 2007 vuelven a ser rústicos automáticamente y, por lo tanto, considera que sería un error cobrar el IBI urbano con el riesgo de que luego haya que devolver o, peor aún, indemnizar.
La enésima vez que lo repitió salió a la palestra el portavoz del PSOE, Rafael Perezagua, para explicar que el Ayuntamiento, ni el de Toledo ni ningún otro, no es autónomo para establecer las valoraciones catastrales y que el IBI es un reflejo de estas.
Como argumento recuerda que las reclamaciones sobre las liquidaciones del IBI se han ganado todas cuando han llegado al contencioso. Heredero añade que el año pasado se aplicó el coeficiente reductor de los valores que indicó el Gobierno central de manera que lo urbano se supone que está ajustado a precio de mercado y lo urbanizable ha caído «en algunos casos un 95%». La deducción es que si se produce un varapalo económico será menor que si la sentencia cae hace un año.
Así que por esa parte el equipo de Gobierno se quita la responsabilidad y queda a la espera de las noticias del Catastro aunque sea la pescadilla que se muerde la cola porque el Catastro dirá que mientras Toledo no le comunique que ha variado la calificación del suelo ellos no pueden cambiar los valores. Como siempre, el ciudadano a pagar.
En este asunto al portavoz de IU lo único que le llama la atención es el interés del PP por los terrenos urbanizables «y al resto que nos den», dice poco finamente. Aurelio San Emeterio se apunta el tanto de la aplicación del coeficiente reductor (lo hacen todos) pero aún así considera que el valor de las propiedades urbanas sigue desorbitado.