La tensión que ha marcado estos días las calles de Yepes por los problemas de convivencia de un clan familiar de etnia gitana que tenía ocupadas ilegalmente varias viviendas en un edificio de una urbanización en la calle Picota parece que se va suavizando. No obstate, los vecinos siguen «vigilantes» ante posibles problemas de ocupación como parece que intentó una familia -vinculada al clan desalojado- en una casa, esta en la calle Sonseca, en la que también habían estado residiendo de forma ilegal. Al parecer, esta familia intentó regresar a la vivienda el domingo y la intervención de la Policía Local y la presencia de algunos vecinos les echó atrás en sus intenciones de modo que recogieron todos los enseres que habían dejado en esta casa para marcharse «definitivamente».

Desde la Plataforma Vecinal por la Convivencia Cívica de Yepes aseguran que «no vamos a permitir que estas personas estén en nuestro pueblo» porque, afirman tajantemente, «la solución no es que se vayan de los edificios ocupados sino que se vayan del pueblo». Las redes sociales mantienen alerta a los vecinos de modo que se van trasmitiendo cualquier incidente de forma casi inmediata «porque seguimos vigilantes» ante posibles situaciones de ocupación y, afirman desde la Plataforma,  están intentado ayudar en la búsqueda de soluciones sobre los pisos ocupados propiedad de una entidad bancaria para que no se reproduzcan estas situaciones.

El alcalde de Yepes, Tomás Manuel Arribas, afirmaba en este sentido que las labores ahora van encaminadas en esta dirección, intentar que la entidad bancaria responsable de los pisos se haga cargo.

De momento, afirma Arribas, el Ayuntamiento ya ha logrado que las suministradoras de luz y agua corten los servicios a estas viviendas, servicios que por otra parte obtenían con enganches ilegales. «No hay vuelta atrás», aseveraba el alcalde de Yepes, considerando que los desalojados ya no volverán al municipio. Tomás Manuel Arribas señalaba que tanto la Delegación del Gobierno como desde su partido, el Partido Popular, se han puesto desde el principio a su servicio     y matizaba que ahora «estamos abordando las verdaderas dimensiones de la situación». Una problemática que pasa, necesariamente, por localizar a la entidad bancaria responsable de las viviendas para que se responsabilice de los destrozos que también se han causado en zonas comunes.

Y es que no hay que olvidar que la urbanización en la que este clan familiar vivía de ocupa tiene entre sus vecinos a familias que pagan sus hipotecas o alquileres que han estado padeciendo una injusta y desesperante situación.

El problema de las casas vacías de entidades bancarias se reproduce en otros municipios no solo de la provincia sino de todo el territorio español. Pero en lo que a Toledo se refiere, existen algunas iniciativas, aún sin fructificar, por ejemplo en la zona de la Sagra, donde Junta, ayuntamientos y entidades bancarias están intentando buscar vías de solución.

fomentar la convivencia. Preguntado sobre este asunto, el subdelegado del Gobierno en la provincia, Carlos Ángel Devia, explicó que el momento de mayor tensión se produjo la noche del jueves al viernes, como consecuencia de unos actos violentos a cargo de «menores» de edad, lo que les convierte en «inimputables».

Agradeció el trabajo desarrollado por la Guardia Civil para evitar que la situación derivase en un altercado de mayor violencia, añadiendo que la concentración organizada en el pueblo el viernes, tras la tensa noche anterior, también se saldó de manera pacífica.

La concentración no era legal, indicó el subdelegado, toda vez que se solicitó solo unas horas antes de celebrarse, pero quitó hierro al asunto al desarrollarse con normalidad y sin altercados.

Devia insistió en enviar un mensaje de «tranquilidad» a los vecinos de Yepes, convencido de que los cargos públicos deben «calmar los ánimos», «fomentar la convivencia», instar a la confianza plena en las fuerzas y cuerpos de seguridad y alertar de los comentarios que se hacen en los grupos de mensajería instantánea donde a veces se ubica a la violencia, dijo. «Las patrullas vecinales están muy bien en las películas, pero estamos en un estado de derecho y hay que confiar en la Guardia Civil», pidió.

El delegado reconoció que el problema de la ocupación de viviendas es «el más importante» en materia de seguridad ciudadana que existe en algunos pueblos de la provincia, especialmente en la zona de La Sagra y en los más próximos a la comunidad de Madrid. «Hay ayuntamientos que están actuando y las cosas están funcionando y otros que van un poco por detrás», manifestó.