El proceso en el que se juzga al profesor de piano del Conservatorio de Música de Cuenca por varios delitos de abusos sexuales ha quedado visto para sentencia tras escuchar las conclusiones finales de cada parte en la cuarta y última sesión del mismo, celebrada este lunes en la Audiencia Provincial. La resolución definitiva del caso podría ver la luz en un plazo de entre 15 y 30 días.

En su informe final, el Ministerio Fiscal ha mantenido la petición de 56 años de prisión para J.M.M.T., acusado de delitos continuados contra la libertad sexual, contra la libertad e indemnidad sexual por agresión sexual a menor de edad, contra la integridad moral y por exhibición de material pornográfico.

La fiscal, María Isabel Gómez, aseguró en su intervención que todos los hechos “están probados”, fundamentalmente, porque las manifestaciones de las presuntas víctimas han sido “coherentes” y porque “no existen motivos para denunciar en falso”. Asimismo, comentó que entre todos los denunciantes existe un “hilo conductor” basado en la “complacencia compulsiva” y en la “dependencia emocional” hacia el profesor. No en vano, hizo hincapié en la personalidad y los rasgos de las presuntas víctimas, pues se trataba de personas “introvertidas y tímidas” y con anhelos de triunfo en el mundo de la música.

Gómez declaró que es “ilógico” que personas de diferentes edades y que han dado clase en distintas etapas se pongan de acuerdo para orquestar un plan así. Además, puso de relieve “la forma y el modo” en el que algunas de las presuntas víctimas han narrado los hechos, especialmente en el caso de A.H.T., con la que el acusado mantuvo relaciones sexuales.

En cuanto a la posible prescripción de los delitos, la fiscal se negó de lleno argumentando que entre los diferentes casos existe una “unidad natural de acción”, es decir, que un caso se solapa con el otro en una especie de cadena constante. Finalmente, solicitó la responsabilidad civil subsidiaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al ser la administración de la que depende el Conservatorio.

En este sentido, el letrado que representó a la Junta en la vista solicitó que se aminorara la posible responsabilidad de la institución regional por dos motivos fundamentales. Uno, porque quien primero estableció el vínculo funcionarial con el acusado fue la Diputación Provincial, que era de quien dependía el Conservatorio. Y dos, que los hechos más graves de los que se le acusa se produjeron fuera del Conservatorio.

Por su parte, la abogada de la acusación particular ratificó el escrito de acusación de la Fiscalía y añadió como pilar fundamental que todos los presuntos delitos tienen una misma unidad, “que se van prolongando a lo largo del tiempo, y que cuando uno acababa, comenzaba otro”. Manifestó además que sus representados, “controlados emocionalmente” por el acusado, tuvieron “miedo” de denunciar antes los hechos por si se les consideraba “culpables” de lo que había pasado. Cuando se cometieron los delitos, “las víctimas eran menores de edad y buscaban en el profesor una protección, no que se les agrediera”, sentenció al respecto.

Abogado defensor. En una férrea y consistente defensa, el abogado del acusado pidió la “absolución” de su representado que, por cierto, no hizo uso de su derecho a la última palabra. El letrado asentó la base de su defensa en la prescripción de los presuntos delitos. En este sentido, estableció márgenes de demora para cada uno de los denunciantes, que caminan entre los 12 meses y los 11 años. Asimismo, explicó en su declaración que “no hay unidad natural de acción” y que no existió tampoco “control emocional” del profesor hacia los alumnos. Entre unos casos y otros, sentenció al respecto, no se puede establecer conexión.

El abogado de la defensa desgranó, una a una, las declaraciones de todos los denunciantes, y de ellas dijo que entraron en contradicciones o que incurrieron en manifiestas faltas de veracidad. De entre ellas se detuvo especialmente en la de A.H.T., el “nudo gordiano” de este caso. En lo que a esta presunta víctima se refiere, se mostró tajante al afirmar que las relaciones que mantuvo con el acusado fueron consentidas, que se llevaron a la práctica siendo mayor de edad y que, además, las inició ella. “Ambos fueron libres para iniciar la relación y también para dejarla”, apuntó; y es que, “nos podrá parecer ética y moralmente más o menos reprochable, pero ambos lo aceptaron”.