Si algo tiene claro la Plataforma Mi Barrio sin Amianto es que en los próximos meses,el Polígono va a ganar en centralidad en Toledo, y es imprescindible acabar, cuanto antes, con el problema del amianto. Ya no puede esperar más, «el peligro sigue ahí». Porque los vecinos ya llevan años sufriendo este problema, y poco a poco se van uniendo trabajadores, usuarios de los centros comerciales y muy pronto también personal sanitario y personas enfermas, que acudirán al nuevo hospital Universitario, muy cerca de las acumulaciones de toneladas y toneladas de amianto. De ahí que la Plataforma haya reivindicado, una vez más, a la Junta de Comunidades celeridad a la hora de atajar este importante peligro para la salud.

Así lo hizo ayer en el encuentro con el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, técnicos de la Consejería y la empresa pública Tragsa, encargada de los trabajos con el amianto. En lo positivo, los responsables regionales pusieron sobre la mesa los planes de trabajo sobre los focos de amianto en el arroyo de Ramabujas y las parcelas privadas. En estos momentos, reconoció el portavoz de la Plataforma, Rafael García, la Junta tiene muy avanzada la metodología y las actuaciones a llevar a cabo en cada uno de los espacios, de manera que todo está preparado para comenzar a actuar en el mismo momento en el que haya permiso «y ahí tienen nuestra colaboración y entendemos que se está haciendo un buen trabajo».

Sin embargo, para decepción vecinal, la Junta informó de que todavía hay un problema judicial con las parcelas privadas repletas de amianto, porque todavía carece de permiso para poder acceder. Es cierto que en mayo, los técnicos interpretaron en un pronunciamiento que ya había autorización judicial para entrar en las parcelas privadas, con lo que podrían comenzar a trabajar en septiembre. Apuntaba este que había que intervenir de inmediato, para acabar con el riesgo. Pero ha habido una reinterpretación de un jurídico, que dice que hace falta otra nueva autorización del mismo Juzgado.

Ante esta situación, la Plataforma ha recordado que desde hace tiempo viene advirtiendo que una judicialización del conflicto podía hacer que a la Junta se le escapara tener en su mano poder intervenir. Eso es lo que ocurre ahora, apunta García, quien se lamentó que «desde nuestro punto de vista, hemos dado un paso atrás, porque en mayo nos decían que había permiso y ahora no lo hay». Mientras que la Junta sigue luchando por que el Tribunal Superior de Justicia de Albacete dé una autorización, la Plataforma insiste en que este asunto se tiene que tratar como un problema de salud pública, que hay que abordar de urgencia, como ha ocurrido en otras situaciones similares en la región, antes incluso de una sentencia. También pide una tercera opinión sobre el pronunciamiento, a ver si es más positiva. En todo caso, el Gobierno regional deberá optar por trasladar al Tribunal la urgencia de esta actuación, que lo urja a que aclare o dé la autorización de inmediato, «porque por problemas jurídicos, estamos retrasando una solución a un problema de salud pública».