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El Ayuntamiento de Toledo ha adjudicado a la empresa Estudios y Desarrollo de Ingenieria SL  por 36.938  euros anuales y treinta y seis de duración, con posibilidad de prórroga por veinticuatro más, el contrato para llevar a cabo los trabajos de colaboración en materia de gestión catastral atribuidos en encomienda de gestión por convenio suscrito con la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección General de Catastro). La facturación indivuiidualizada por expedientes  de alta de obra nueva tramitada dentro del recinto amurallado del Plan Especial del Casco Histórico será de  63 euros por cada declaración tramitada con división horizontal y por cada cargo 34 euros. Por declaración de alta de obra nueva tramitada resto ciudad, con división horizontal, por modificación puntual del planeamiento 55. Por declaración de segregación y agregación  39 euros. Por parcelaciones 39 euros.

Se encargarán de la tramitación de expedientes de alteraciones de dominio de orden físico y económico. La presentación de la alteración física de modificaciones puntuales urbanísticas. La colaboración en las actuaciones de mantenimiento. La atención al público y la difusión de la información catastral.

También de la elaboración de los datos catastrales, tanto gráficos y cartográficos como alfanuméricos, necesarios para la tramitación de los expedientes relativos a inmuebles rústicos y urbano, así como de la tramitación de los cambios de titularidad.

Los tipos de alteración sobre los que se centrará la atención de estos inspectores serán la obra nueva, la ampliación de construcciones (también las piscinas privadas o colectivas), la reforma integral o rehabilitación, la reforma total o media, el cambio de uso de los inmuebles o locales, la demolición o derribo, la segregación, división, agregación o agrupación.

En el caso de las propiedades rústicas se analizarán el cambio de clase de cultivo o aprovechamiento y la alteración jurídica.

El «objetivo prioritario» del convenio es la «identificación de omisiones» de construcciones (altas y ampliaciones), rehabilitaciones y cambios de uso. Es decir, vigilar los cambios que no se declaran (ni pagan). Es decir, la Administración local se convierte en oficina para tramitar las alteraciones que se produzcan en las propiedades inmobiliarias (urbanas y rústicas) repartidas por toda la ciudad.

Para ser más garantistas a la hora de localizar un posible fraude, no se considera incidencia  la falta de concordancia entre el dato archivado y la realidad inmobiliaria.

El sistema para reconocer que se ha producido una alteración fraudulenta consistirá en comparar la descripción catastral (superficies, antigüedades, estados de conservación y usos) con «la realidad inmobiliaria».

«Se precisa la obtención de una prueba (fotografía actualizada) de las parcelas sobre las que haya detectado alguna incidencia que avalen la existencia de discrepancia».