Condenan al banco avalista a pagar a la EMV 179.022 euros

J. Monroy
-
Condenan al banco avalista a pagar a la EMV 179.022 euros - Foto: VÁ­ctor Ballesteros

Aunque la entidad ha apelado ya ante la Audiencia Provincial, la Empresa Municipal de la Vivienda puede ejecutar el cobro en los próximos días gracias a la sentencia judicial

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Toledo ha condenado al Banco Santander Central Hispano a pagar a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Toledo 179.022,7 euros más intereses, como avalista de la obras de la promoción de La Legua. Aunque la entidad bancaria ha apelado ya ante la ante la Audiencia Provincial, la intención de la promotora municipal es ejecutar el cobro en los próximos días, tal y como le permite la sentencia.
Se trata de un nuevo capítulo de un culebrón que parecía acabado hace tiempo, el de la promoción de 217 viviendas por parte de la EMV en La Legua. En realidad, la sentencia no afecta a todas ellas, sino a 104, pertenecientes a 56 unifamiliares por un lado, y 48 por otro, en dos promociones, adjudicadas a construcciones Lahoz Soto. La constructora constituyó, argumentó la EMV ante el tribunal, dos avales presentados por el Banco Español de Crédito (ahora BSCH) en garantía de la correcta ejecución de los contratos. En ellos, se recogía una cláusula de solidaridad del avalista y de renuncia a los beneficios de excusión, con compromiso de pago a primer requerimiento.
Después llegarían los incumplimientos en la ejecución de las obras por parte de Lahoz, ante lo que la EMV dirigió los correspondientes escritos a la adjudicataria y a la avalista, y se acordó la incautación del aval.
El banco se negó a hacerse cargo de esta cifra, basándose en una sentencia previa en primera instancia y que había pasado el plazo de la garantía, que entendía que era de tan sólo un año.
La sentencia hace referencia a jurisprudencia previa, que recoge que en las garantías a primer requerimiento, el fiador ha de dar el pago al beneficiario cuando este lo reclame, con independencia de otras excepciones que se deriven de la propia garantía. Además, resulta que en este plazo de garantía de doce meses ya se hicieron constar la existencia de defectos de ejecución de las viviendas, «luego no se atiene a la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada».
De ahí que el juzgado condene a la entidad bancaria a pagar el aval, aunque deja abierta el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial que, según le consta a la EMV, ya ha ejecutado.