El TSJ pide un juzgado más de lo Social en Toledo

M.G.
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El TSJ pide un juzgado más de lo Social en Toledo - Foto: David Pérez

El exceso de trabajo provoca retrasos en la resolución de asuntos y demoras importantes en el señalamiento de los juicios. La memoria destaca el esfuerzo de la plantilla


Los efectos de la crisis económica se van diluyendo, pero los juzgados de lo Social todavía notan los efectos y continúan muy saturados a pesar de los refuerzos. La memoria anual de la Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) relativa a 2017 indica que el volumen de entrada en los dos órganos ubicados en la capital, sin contar con el de Talavera de la Reina, es tan significativo que ha producido incrementos importantes de pendencia y retrasos en señalamientos y respuesta judicial «a pesar de la capacidad de respuesta de los juzgados» en despidos, conflictos colectivos, indemnizaciones, materia de Seguridad Social y de administraciones públicas, entre otras.
Un breve repaso a las cifras ilustra la escasez de plantilla en la provincia de Toledo para hacer frente  a la sobrecarga actual. Del documento se desprende la entrada de 1.332,5 asuntos a lo largo de 2017 en cada uno de los dos juzgados, superando con holgura los 800 asuntos anuales, como marcan los módulos de carga de trabajo recomendados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Además, Toledo es la provincia con mayor actividad de la región, ya que Cuenca, que también registra una importante acumulación, 1.080 asuntos, se sitúa a bastante distancia de Toledo.
El año pasado se caracterizó además por un incremento de cifras en la jurisdicción social de Castilla-La Mancha del 5%, puesto que se contabilizaron 11.796 asuntos,  567 más que el año anterior. Sin embargo, el exceso de actividad la sobrellevan los mismos órganos y la plantilla de hace años a pesar de las necesidades. Por tanto, el TSJ vuelve a solicitar al Ministerio de Justicia la creación de un juzgado en Toledo -el cuarto-, que también solicita para Albacete, Ciudad Real y Cuenca.
Además, recomienda que se mantengan también las medidas de apoyo o refuerzo «para hacer frente a las elevadas cifras de pendencia» y pone como ejemplo las   que mantienen los juzgados de Toledo y de Ciudad Real. Si bien, el TSJes consciente de «las dificultades presupuestarias»que han llevado a la administración de Justicia a una incómoda racionalización muy dañina para el óptimo funcionamiento de los juzgados desde hace unos años.
Respecto al tercer juzgado de lo Social de la provincia, situado en Talavera de la Reina, los datos indican un funcionamiento razonable gracias a sus 575 asuntos en 2017, una cifra asumible y moderada. Si bien, lo cierto es que la memoria también se fija en este juzgado, ya que se encuentra «fuera de la sede del resto de los demás juzgados en condiciones deficientes».
años difíciles. El TSJ lleva años subrayando las dificultades de la jurisdicción Social en Toledo. Ya en la memoria de 2012 advertía de la situación de colapso por la avalancha de asuntos, más de dos mil por órgano, con lo que prácticamente casi triplicaba la carga de trabajo razonable señalada por el CGPJ. En estos momentos, se consideraba insuficiente los refuerzos de magistrados aprobados por la necesidad de una oficina completa.
Las demandas han continuado a lo largo de los últimos años. El juez decano de Toledo, Juan Ramón Brigidano, alerta de vez en cuando de la saturación de esta jurisdicción y considera que no se presta un buen servicio al ciudadano cuando los juicios se señalan, en muchos casos, a muchos meses vista.
Asimismo, las cifras que maneja el CGPJ también han puesto el acento en esta problemática desde hace tiempo. Hace un par de años, por ejemplo, la carga de trabajo era bastante alta, ya que los juzgados de lo Social necesitaban un año y nueve meses para dar salida a toda la materia sin que entrase ningún asunto durante este periodo. Si bien, cabe señalar que la dilación también se extiende a otras jurisdicciones, como la Mercantil, la Penal y la Contencioso-Administrativa desde hace años fruto de la falta de inversión, del aumento de la litigiosidad, de la crisis, de los cambios normativos y de las restricciones presupuestarias.