De la posibilidad de siete años de cárcel como solicitaba el fiscal al principio a tres y medio tras una negociación de hora y media. La Sección Primera de la Audiencia Provincial señaló un juicio contra la salud pública y falsificación de documento público para las diez de la mañana, pero la sala permaneció vacía hasta que las partes alcanzaron un acuerdo para el acusado, N.U, de origen nigeriano, que se sentó ayer en el banquillo durante un par de minutos para mostrar su acuerdo a la conformidad.

Un paquete con 258,81 gramos de cocaína, con una riqueza del 77,2% motivó la detención del procesado el 22 de agosto de 2018 en el marco de una operación de entrega vigilada. La Guardia Civil se personó en la oficina de Correos de Recas poco antes de las once de la mañana y lo arrestó tras comprobar que la documentación que facilitó era falsa porque figuraba otro nombre y apellidos distintos, los del destinatario del paquete enviado desde Buenos Aires, Argentina.

Según se desprende del escrito de acusación, el paquete se abrió en sede judicial al día siguiente en presencia del detenido y de su representación legal y comprobaron que contenía droga en el interior de dos planchas de plástico con imágenes religiosas. Esos 258,781 gramos de cocaína destinados a la venta en el mercado ilícito alcanzarían un valor de 45.603 euros en caso de distribución por dosis y de 26.870 euros si se hiciera por gramos.

La abogada del acusado insistió desde primera hora en que se rebajasen los tres años de prisión por el delito contra la salud pública que ofertó el fiscal, pero  finalmente aceptó esta condena, a la que hay que sumar una multa de 26.870 euros, 53.741 euros menos que los solicitados inicialmente. Dentro de la conformidad también figura la rebaja a seis meses de los dos años que pedía el fiscal por falsedad de documento públicoy cuatro euros diarios durante tres meses. En este caso, el detenido lleva en prisión preventiva desde el 23 de agosto de 2018 acordada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas.

legalización. El tribunal informó ayer que el acusado tiene la posibilidad de acreditar «el arraigo» para legalizar su situación en España. En caso de no hacerlo, podría aplicarse el artículo 89 del Código Penal y proceder a la expulsión del país.