Los Presupuestos Municipales para este año siguen su curso para ser aprobados definitivamente en el próximo Pleno y entre toda la documentación que aportan para su tramitación destaca el pertinente Plan de Tesorería.

La salud de las arcas municipales se resiente según se recoge en este documento, que debe garantizar el cumplimiento de los compromisos de gasto del Consistorio.

De esta forma, el Plan de Tesorería del Ayuntamiento de Toledo parte de una previsión de saldo inicial de caja de 17,5 millones de euros. Además, estima unos cobros de 81 millones y unos pagos por importe de 88 millones, lo que según se recoge en el documento permitiría terminar el ejercicio con un saldo final de caja de unos 7 millones de euros.

Las previsiones de cobro del Consistorio se han realizado basándose en la evolución de la recaudación voluntaria y ejecutiva de los últimos años; y algunos impuestos, como el de Actividades Económicas, se prevé según los ingresos declarados en 2020, por poner un ejemplo. También se tiene en cuenta por parte de la Tesorería de los fraccionamientos en tres pagos que la mayoría de los vecinos de la ciudad hacen de los grandes recibos como el IBI o la recogida de basuras. Toda esa labor de estimación permite trabajar las cuentas con una anticipación que, de cara a este 2022, va a resquebrajarse.

Y es que, según indica el propio Presupuesto de Tesorería 2022 que ha podido consultar La Tribuna, los cobros para este año se van a ver «muy afectados» por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 26 de octubre de 2021.

Ese fallo dictaba que consideraba que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (VTNU), tal y como estaba configurado, era inconstitucional. El llamado impuesto de plusvalía municipal, segunda fuente de ingresos para las corporaciones locales tras el IBI, quedó anulado y el Gobierno central tuvo que batir todos los récords de tramitación para sacar adelante un Decreto Ley que parara la sangría.

Según la sentencia del TC, las plusvalías que deben de ser devueltas son las que estaban recurridas antes de dictarse el fallo y algunos tribunales están ya anulando algunas mientras los distintos ayuntamientos ultiman nuevas fórmulas para cobrarlo.

Mientras tanto, y como el tiempo pasa y los nuevos presupuestos deben ser tramitados, en Toledo se han encendido las alarmas en la Tesorería al ver «la salida muy relevante de fondos en concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos», ya que «las devoluciones de ingresos minoran los derechos liquidados de corriente» y por lo que «los derechos reconocidos netos como la recaudación líquida de este impuesto se prevé en 0 euros».

Hablando más claramente, no se estima que se ingrese un céntimo con muchas reclamaciones aún pendientes de resolverse en los tribunales toledanos y, lo que es aún peor, se calcula que toda esta circunstancia acarreará «una consumición de los cuatro millones de euros».

Remanente de tesorería. Además, el documento redactado por la tesorera municipal indica otra cuestión al margen del dinero que se irá de las arcas por culpa de las anulaciones de plusvalías. Se trata de los 6,3 millones de euros que están previstos desembolsar en inversiones, la mayoría de los cuales están financiados con remanente de tesorería. Esta situación, aclara, «provocará una bajada de las existencias».

Además, también se advierte que otra parte de esas inversiones se financian con fondos europeos, por lo que subraya que ese dinero no se recibirá hasta que las inversiones hayan sido realizadas y aprobadas por el órgano que concede la ayuda. Todo esto, indica, irá produciendo un desfase negativo en la Tesorería que acabará equilibrándose en el momento en el que esos ingresos se materialicen. Y ya se sabe que las cosas de palacio van despacio.

Con toda esta información, la Tesorería finaliza su presupuesto 2022 con una clara conclusión: «la situación de la tesorería ha dejado de ser buena». Por ello, lanza un mensaje a navegantes y señala que de cara a este año habrá que plantear una operación para garantizar el puntual cumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento.