La ONG Movimiento por la Paz (MPDL) ha asesora este año en Toledo a más de 600 personas extranjeras, fundamentalmente en la solicitud de los permisos de residencia para poder quedarse en nuestro país. Es el dato ofrecido ayer por Clara Timón, licenciada en Derecho y asesora jurídica de la entidad en la capital de Castilla-La Mancha. Lo hizo con motivo del taller grupal organizado la mañana de ayer en la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Un foro de asesoramiento y consultas que Movimiento por la Paz promueve una vez al mes.

Timón explicó que la mayoría de las consultas tienen que ver con la tramitación de los permisos de residencia  y que buena parte de los participantes proceden de Venezuela por la crisis que atraviesa el país.

De hecho ayer el taller arrancó con tres participantes, pero finalmente fueron ocho, todos ciudadanos venezolanos, que plantearon sus dudas y expusieron sus experiencias.

Timón indicó que el arraigo social es la manera más común de conseguir la residencia en España, aunque también hay otras fórmulas como la tarjeta de familiar comunitario, si tienen algún familiar con nacionalidad española o europea.

Indicó que el 97% de las solicitudes de residencia por protección internacional se deniega en la actualidad en nuestro país, pero existe una tarjeta de residencia de un año por razones humanitarias.

Estas solicitudes se deniegan, explicó, porque «es difícil documentar y acreditar la situación de riesgo del país, que corra peligro tu vida, porque normalmente vienen sin documentos».

«Si procedes de Siria sí se conceden porque el país está en guerra», apuntó, indicando que los talleres de Movimiento por la Paz pretenden dar herramientas a las personas extranjeras para que tengan las mayores garantías en España.

La entidad también ofrece el asesoramiento personalizado de dos asesores jurídicos. Las citas se pueden coger los viernes de 9,00 a 9,30 en las instalaciones de la entidad, ubicada en la Travesía de Barrio Rey, en el Casco histórico. «Tenemos una alta demanda, por lo que las citas se agotan rápido», comenta Clara Timón, una de las asesoras.

La responsable jurídica de la entidad considera que el Gobierno debería habilitar canales de información para las personas que llegan a España desde países extranjeros, especialmente los que están en conflicto. «Suelen venir sin información, con necesidades importantes y en situaciones muy precarias», comentó Timón.