Vega Baja no entraba en el orden del día de la comisión de Urbanismo que se celebró esta mañana a primera hora en el Centro Cultural San Marcos, pero terminó protagonizando la sesión en el turno de ruegos y preguntas porque los grupos municipales quieren saber cómo avanza el convenio entre el Ministerio de Cultura, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Un acuerdo sobre el que se lleva trabajando tiempo sin facilitar información, apuntan desde la oposición, salvo lo que ha publicado recientemente la prensa, en este caso, La Tribuna de Toledo.

«Vamos a dar una solución definitiva a Vega Baja y no me cabe duda de que será la mejor entre las tres administraciones para diseñar el futuro de una zona tan sensible como Vega Baja», apuntó el concejal de Urbanismo, José Pablo Sabrido, sobre este asunto, aunque, de momento, prefiere no desvelar el contenido de este convenio, pero dejó claro que una vez que se termine de perfilar se dará a conocer al resto de grupos municipales para que lo estudien a fondo y puedan realizar «alguna aportación».

El convenio no tiene una fecha tope en el calendario, pero Sabrido subrayó que las tres administraciones están trabajando «muy seriamente» para ultimar los borradores que, en principio, podrían estar listos a finales de este mes, «antes de Semana Santa». La idea, según manifestó el concejal de Urbanismo, es llevar la aprobación definitiva en abril.

«El único objetivo del convenio es dar una solución definitiva a Vega Baja protegiendo sus valores culturales, históricos y patrimoniales e integrarlos en la ciudad». Sabrido no dijo más sobre el tema, pero el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, y la concejala de Ciudadanos, Araceli de la Calle, expresaron sus dudas al final de la comisión, sobre todo, por la falta de información a los grupos en uno de los grandes retos de la ciudad.

En este caso, el primero insistió  que todo indicaba que el pasado 4 de marzo «el convenio era inminente», según los medios de comunicación, y aún no hay noticias. Aún así, lo que más preocupa a IU-Podemos no es la fecha ni la firma del mismo por las tres administraciones, sino el hecho de que ese acuerdo facilitará la creación «de un ente con personalidad jurídica propia y que el Ministerio de Cultura, la Junta y el Ayuntamiento de Toledo colaborarán de forma «colegiada» para coordinarse mejor, poder captar fondos europeos, trabajar con mayor intensidad y zanjar las problemáticas urbanísticas en las que se ha visto inmersa esta zona desde hace años.

Si bien, Fernández insistió ayer en que el equipo de Gobierno tiene que dar a conocer lo antes posible el acuerdo al resto de grupos políticos para que el Ayuntamiento para que esta administración tenga voz y voto y no se vea arrastrada por las decisiones de las otras dos. «No queremos que el Ayuntamiento sea el último y al final tenga que acatar lo que digan las otras».

En este sentido, remarcó en un par de ocasiones la importancia de compartir la información «porque   el Ayuntamiento debe ir con una posición colegiada y no con la postura del equipo de Gobierno». Fernández también quiere conocer si este convenio afecta al futuro Plan de Vega Baja.

De la Calle preguntó sobre este convenio, pero Sabrido insistió en que se está ultimando y, de momento, no es momento para avanzar su contenido y volvió a repetir que el objetivo definitivo es desarrollar y proteger Vega Baja.

De momento, lo único que ha transcendido es el interés de las administraciones de actuar de la mano en la zona a través, posiblemente, de un nuevo órgano, para sacarla de olvido. Este nuevo contexto y el trabajo conjunto de las tres administraciones también facilitará el Plan Especial de Vega Baja, cuyo análisis lo ha entregado ya Joan Busquets, incluirá los Bienes de Interés Cultural y pondrá los mimbres para desbloquear la ficha urbanística de Vega Baja en el nuevo Plan de Ordenación Municipal, ya que aunque el proyecto de construcción de viviendas se abortó en 2006, el Ayuntamiento aún  no ha terminado de dar seguridad jurídica y los derechos urbanísticos los tiene el Gobierno regional después de tantos años.