El Consejo de Gobierno ha dado luz verde casi in extremis a los proyectos de ley que regulan el llamado Tercer Sector Social y la Participación Ciudadana, en las que la Junta lleva trabajando buena parte de la legislatura.

Una aprobación a escasos doce días de las elecciones autonómicas, que dejarían estas dos propuestas en la parrilla de salida para entrar en las Cortes nada más constituirse. Eso sí, siempre que se repitan las mayorías actuales en los citados comicios, previstos para el día 26.

Una proximidad con las elecciones que también marca quién informa de qué en cada caso. En este sentido, la consejera de Bienestar Social, la socialista Aurelia Sánchez, ha sido la encargada de dar cuenta de las novedades en torno al proyecto de ley del Tercer Sector en rueda de prensa, mientras que del de Participación Ciudadana, a cargo del sector ‘morado’ del Ejecutivo, se ha informado en nota de prensa.

Con todo, cabe recordar que la propuesta de ley para el Tercer Sector social viene a establecer un marco jurídico común para el conjunto las entidades que lo integran, y facilitar así su colaboración con la Junta.

Como ha explicado Sánchez, la Ley del Tercer Sector Social es «sencilla y concreta» y tiene cuatro objetivos básicos: definir qué es el tercer sector social, impulsar la cooperación de entidades tanto entre sí como con relación al sector público, crear una comisión para el diálogo civil y establecer una estrategia de promoción del tercer sector.

Según un estudio de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), en Castilla-La Mancha hay 3.500 entidades del tercer sector activas y 5.000 registradas; cuentan con 6.000 profesionales contratados y atienden a 385.000 personas.

 Por su parte, el Proyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha ha sido elaborada a través de proceso participativo con más de 700 personas y organizaciones sociales la región y ha supuesto uno de los principales puntos de discordia de Podemos con el equipo de García-Page en el marcado del consejo de Gobierno.

Como explican sus promotores, «pretende recuperar y crear nuevos derechos de ciudadanía recogiendo funciones de anteriores instituciones como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas», ha informado la Junta en nota de prensa.

Además, esta propuesta legal representa uno de los textos legales de participación «más avanzado» en el conjunto del país manifestando que la participación ciudadana «tiene un efecto real» en la gestión pública.

Por último, señala que este Proyecto de Ley de Participación regula con garantías el derecho de la ciudadanía a proponer, decidir, ejecutar y evaluar las políticas y una parte del presupuesto de la región, posibilitando así la mejora de la economía y servicios públicos gracias a la realización de procesos de participación y consultas a iniciativa de la propia ciudadanía. Aquí se engloban propuestas tales como la elaboración de unos presupuestos regionales participativos.

Entre otras medidas, la Ley crea el ‘Observatorio 100% Ciudadano’ que velará por el cumplimiento democrático, como herramienta de la gente para defender e impulsar derechos y servicios públicos.