Continúa el conflicto entre las asociaciones de guías de turismo de la región, que se presentan como representativas de la mayoría de los profesionales del sector, y el Gobierno de Castilla-La Mancha. El motivo es el decreto regulador que prepara el Ejecutivo regional, en concreto la dirección general de Turismo. Un documento que ya lleva su sexto borrador y que no convence al grueso del sector.
La presidenta de la Asociación Profesional de Informadores de Turismo (APIT) de Castilla-La Mancha, Sonia Gómez, y la presidenta de Alficen, Ana Belén Ruiz, rechazan este decreto porque «regala las habilitaciones profesionales» de la región, lo que hace que pierdan valor, según su criterio.
Ambas ofrecieron una rueda de prensa respaldadas por el secretario general de la Patronal toledana, Fedeto, Manuel Madruga, indicando que están respaldadas por unos 400 guías de turismo en Castilla-La Mancha y más de 15.000 a nivel nacional, integrados en estas asociaciones.
Ambos colectivos reclaman que el Gobierno regional haga unas pruebas de nivel «de mínimos» a los profesionales del sector para conseguir la habilitación profesional de Castilla-La Mancha, con un margen de «dos, tres o cuatro años», y plantean que los guías puedan seguir ejerciendo hasta entonces con los carnés de otras comunidades autónomas. «Cualquiera puede seguir trabajando con la habilitación de otra comunidad», subrayan.
El objetivo de estas pruebas de nivel es garantizar la calidad del servicio prestado, indican, además de permitir saber cuántos profesionales ejercen en la región. Un dato que ahora mismo desconocen.
Denunciaron que el Ejecutivo regional lleva 12 años sin convocar el examen para conseguir el carné de guía, motivo por el que numerosos profesionales lo han conseguido en otras comunidades autónomas, en algunas de ellas sin examen previo, solo presentando una documentación, lo que provoca «la falta de control» y que sea «difícil valorar la calidad de cada uno».
Ambas asociaciones creen que esta prueba de conocimientos mínimos -frente a la habilitación directa que plantea la Junta- no pretende «afectar al trabajo de nadie» sino garantizar que el servicio que se presta es el adecuado, y que los guías conocen el territorio en el que ejercen. «Lo solicitamos en pro de la calidad del turismo y en defensa del patrimonio y del consumidor», argumentan.
«No entendemos por qué se tiene miedo a pasar una prueba de conocimientos mínimos de algo que debe conocer», apuntaron, motivo por el que no entienden el rechazo que genera entre algunos profesionales del sector, que incluso han iniciado una recogida de firmas acusando a ambas asociaciones de «presionar» a la Junta.
Desde ambas entidades entienden que está ocurriendo todo lo contrario, además de subrayar que no se trata de una lucha entre guías. «Cualquier profesional es bienvenido. Todo el mundo tiene cabida aquí, pero profesionalizado al máximo», insisten.
Delegar competencias. Por su parte, Manuel Madruga, aseguró que desde Fedeto llevan años ofreciendo argumentos jurídicos a la Junta para establecer requisitos autonómicos para poder ejercer la profesión. Lamentó que el Gobierno regional «esté delegando las competencias absolutas que tiene en materia de turismo a 17 comunidades que regulan de manera muy diferente lo que tienen que ser los guías», dijo. «Aquí van a recalar especuladores del turismo pagando cuatro pesetas a los guías», alertó.
Lamentó la actitud del Ejecutivo de Emiliano García-Page con las asociaciones «mayoritarias» de los guías, así como con Fedeto, la Cámara de Comercio, y la Cecam, la Patronal regional. Indicó que todos estos colectivos han solicitado una reunión con la consejera de Economía y Empresas, un encuentro que no se ha producido.
Comentó que sí han optado por escuchar a «plataformas» de guías, algo que no suele ocurrir en el grueso de las mesas por la recuperación económica de la región. «Siempre hemos sido el interlocutor válido, y ahora parece que no», censuró, invitando al Gobierno regional a reconducir la situación.