«Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar». «No me da pena tu tiro en la nuca, ?pepero. No me da pena tu tiro en la nuca, socialisto». «¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!». «¡Merece que explote el coche de Patxi López». «Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos» «Policía Nazi-onal torturando hasta delante de las cámaras». «El mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo». Todas estas frases son versos de canciones o tuits de Pablo Hasel, un rapero de discreto éxito musical y conocido principalmente por haber sido condenado a prisión por enaltecimiento de terrorismo e injurias a la Monarquía, aunque en su historial delicitivo aparece también otra detención por un presunto ataque violento el Día de San Jorge de 2014 al puesto de una librería vinculada, según él, a la estrema derecha.
El último requerimiento de la Audiencia Nacional para que Hasel entre en prisión -él se niega al ingreso voluntario-, ha desatado un sinfín de reacciones sociales, como la publicación de un manifiesto a favor de la libertad de expresión firmado por artistas como Serrat, Almodóvar o Javier Bardem; y políticas, con un terremoto en el Gobierno que puede conducir, incluso, a un cambio en el Código Penal. Y es que el Ejecutivo anunció, tras la polémica, que revisará los delitos relacionados con la libertad de expresión. Una posible modificación legislativa que se suma a la lista de reformas del Código Penal que Moncloa está estudiando como la tipificación de los delitos contra la libertad sexual hasta los cambios en la sedición y la rebelión, así como la creación de un delito de apología del franquismo.
Años después de que tanto PSOE como Unidas Podemos arremetiesen duramente contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por «legislar en caliente», después de aprobar la prisión permanente revisable tras crímenes tan mediáticos como el de Marta del Castillo o Diana Quer, el Gobierno de coalición formado por socialistas y morados reconoce que están estudianto restringir los denominados «delitos de expresión», como el de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas (las asociaciones de damnificados por la violencia de ETA ya han mostrado su enfado ante este extremo), el de odio, injurias a la Corona y delitos contra los sentimientos religiosos. Podemos va un paso más allá, incluso, exige despenalizar los ultrajes a la bandera y a los símbolos del país.
Curiosamente, a la vez que se intentará rebajar estas faltas, amparando las declaraciones, tuits, canciones o creaciones literarias en la libertad de expresión y de creación, Moncloa quiere acelarar la inclusión de la apología del franquismo en el Código Penal.
Líderes del procés
El proyecto está en manos del Ministerio de Justicia, que también tiene sobre la mesa la reforma de los delitos de sedición y rebelión, cambios controvertidos que podrían beneficiar a los líderes independentistas condenados por el procés, ya que lo que se pretender es rebajar las condenas unidas a estas faltas. En ese caso, un descenso de los años de prisión ligados a la sedición conllevaría la reducción de condena impuesta en su día a los separatistas, con lo que, posiblemente, quedarían en libertad sin necesidad de pedir un indulto. Hace ya un año, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Adriana Lastra, avanzó que el Gobierno estaba trabajando en un borrador para «adecuar» el Código Penal al siglo XXI.
También relacionado con Cataluña, pues el expresidente del Govern Quim Torra está inhabilitado precisamente por ello, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha apuntado que se reforzará el delito de desobediencia al Tribunal Constitucional.
Más avanzada está la reforma de los delitos contra la libertad sexual, incluidos en el anteproyecto de ley diseñado por el Ministerio de Igualdad -conocida como la Ley de Solo sí es sí- y que prevé la desaparición de los abusos sexuales para que las violaciones sean consideradas también agresión sexual. El texto, que plantea más cambios en el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, es decir, a quien se lucre del alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres, se encuentra a la espera del informe del Consejo General del Poder Judicial, que estudia una propuesta crítica con la reforma.
En la agenda del Gobierno está también abordar nuevos tipos penales ante la emergencia climática, los derechos de los animales y el cibercrimen.