La venta de diez parcelas pertenecientes al patrimonio público de suelo en Los Turieles y el polígono de La Barrosa ha sido el tema mas escabroso del Pleno. Especialmente duro fue el enfrentamiento dialéctico entre el portavoz del Grupo de Vox, David Moreno, que presentó la moción, y el concejal de Promoción Urbanística, José Antonio Carrillo, quien defendió la postura del equipo de Gobierno en una acción que el primero tachó de «irregular».

Ante tan serias acusaciones, el edil de Urbanismo animó en reiteradas ocasiones al partido de Abascal a recurrir a los tribunales, no solo por acusar a los concejales socialistas sino porque con ello calificaba igual a los funcionarios municipales que han avalado con informes «la legalidad del procedimiento».

Ante esto, Moreno presentó al final de su segunda intervención y poco antes de registrarlo en el Consistorio, el recurso potestativo de reposición contra el acuerdo del 23 de diciembre, buscando una solución en el Ayuntamiento, y mostró como una posibilidad real la opción de acudir al Tribunal Contencioso-Administrativo si las dudas no se resolvieran.

«Ya ha hecho usted su papelito» dijo Carrillo, quien calificó como «circo» y «ruido sucio» la actuación del edil de Vox, al que acusó de llevar a Pleno una moción jurídica, que finalmente quedó oculta bajo una maraña de artículos.

Moreno presentó una moción resumida en dos puntos: la suspensión de la licitación paralizando el proceso de venta de los solares y que el expediente se remita al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha «para que dictamine sobre las posibles irregularidades».

Entre sus dudas, la «falta de transparencia y publicidad» a un procedimiento tan relevante como la enajenación de unas parcelas que son «gran parte del patrimonio público de suelo», y que supondrán entre 2 y 3,5 millones a las arcas municipales para hacer frente a la expropiación de suelo de la primera fase del Puente Atirantado. «Es una temeridad y un saqueo, poner a la venta de repente tantos solares con la única intención de hacer caja y sin justificar el destino de lo que se pretende percibir por la venta». También cuestionaron las fechas: «Eesta licitación parece un traje a medida, aprovechando las fechas navideñas para aprobarlo y licitar la venta».

Desde Vox enumeraron más dudas al respecto. Junto a la falta de transparencia y de publicidad mediática, cuestionó el número de parcelas a la venta cuando con menos se puede hacer frente a la cuantía necesitada; que los ingresos generados no vuelvan a los fondos patrimoniales del Consistorio o que el plazo de ejecución pase de dos a ocho años «lo que hace perder el carácter público y social de los solares».

El concejal de Urbanismo tomó la palabra intentando «desmontar las falacias» de Vox. En primer lugar defendió el trabajo de los funcionarios municipales en el expediente de esta licitación con cuatro informes de técnicos «a los que usted con su moción ha vilipendiado. Está usted diciendo que han cometido  irregularidades, ¿dice que no han actuado conforme a derecho?», preguntó. Además de la integridad de los funcionarios, aseguró que después se somete a otro control del Gobierno regional y posteriormente al del notario y registrador de la propiedad.

Sobre la publicidad, recordó que  se ha publicado en el Portal de Licitación Electrónica del Ayuntamiento de Talavera y en la Plataforma de Contratación del Estado del Sector Público.

En cuanto a su traslado al Consultivo, indicó que solo se elevan consultas cuando no hay informes «claros y nítidos» favorables del servicio jurídico del órgano de procedencia, que no es el caso, dijo.

El responsable de Urbanismo recordó que sobre este suelo ahora en venta se construirán viviendas «por y para Talavera, si eso es no usar bien el patrimonio público de suelo...», recordando que forman parte de programas urbanísticos con casi 20 años parados.

Los 14 votos en contra del PSOE tiraron una proposición que sí contó con el apoyo del edil de Ciudadanos, que «aunque con  dudas» decidió apoyarla, y de la edil no adscrita, Susana Hernández, que no veía mal solicitar el dictamen del Consejo Consultivo.

Por el contrario, Santiago Serrano, portavoz del Grupo Popular, no  vio necesario este paso teniendo informes de los técnicos municipales a la resolución de dudas del expediente. Asimismo, sí cuestionó la falta de publicidad en los medios o por qué se aprobó en una Junta de Gobierno extraordinaria el 23 de diciembre.