El seguro agrario fue una de las primeras leyes de la democracia en 1978. Al cabo de más de cuarenta años de existencia, con unas 430.000 pólizas contratadas y un capital asegurado de 15.000 millones de euros sobre una Producción Final Agraria de 50.000 millones, se ha convertido en uno de los pilares de la política agraria para asegurar ingresos a los agricultores y ganaderos.
A lo largo de estas cuatro décadas, el seguro agrario ha sido objeto de diferentes revisiones para adaptarlo a las demandas del sector y también de las empresas aseguradoras. Hoy, con los efectos del cambio climático como protagonistas y una mayor siniestralidad, las organizaciones agrarias (UPA, ASAJA y COAG) y las compañías coinciden en la necesidad de una revisión en profundidad para su adecuación a un nuevo escenario, buscando el equilibrio entre los intereses de todas partes y, sobre todo, su eficiencia.
Sobre si el cambio climático es una realidad o un invento se pueden tener posiciones diferentes. Pero en lo que afecta a la actividad en el sector agrario, según los datos manejados por las empresas aseguradoras, este fenómeno es un hecho y, consecuencia del mismo, los siniestros son cada vez más frecuentes, tienen una mayor intensidad, abarcan más superficies y no se producen en el tiempo respondiendo al calendario tradicional. La sequía sigue siendo el fenómeno que provoca la mayor siniestralidad por la superficie afectada. Anteriormente la sequía era un evento que se repetía cada cinco o seis años y en la actualidad se produce cada dos. Las tormentas violentas, los pedriscos y las inundaciones se han convertido en los principales protagonistas cada año, no solo en los meses de verano, sino desde el inicio de la primavera.
Todo ello ha dado lugar a que la siniestralidad haya pasado de una media de unos 420 millones de euros en los primeros años de la última década (2012, con una cifra récord de 766 millones, fue la excepción) a una media en los últimos años superior a los 700 millones y con 755 millones 2018, aunque con un capital asegurado que pasó de 11.000 a 15.000 millones de euros. Este año, hasta el mes de agosto, la siniestralidad ascendía ya a 552 millones de euros, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior, y tuvo como protagonista a la borrasca Filomena a inicios de año, con fuertes nevadas y heladas que se prolongaron en los meses siguientes y que afectaron fundamentalmente a frutas y hortalizas y al olivar, destrozando los árboles.
A las heladas siguieron episodios de pedriscos y tormentas que afectaron también a otras producciones como cereza, cítricos, viñedo y cereales. Para todo 2021, las previsiones apuntan igualmente a un siniestralidad superior a los 700 millones de euros y nuevamente a unas primas de unos 650 millones de euros. Estos datos no suponen pérdidas para las compañías aseguradoras, toda vez que tienen fondos de ajuste través de los recursos que van para el Consorcio, pero unos beneficios escasos no son un aliciente para estas empresas y sus accionistas.
Con la mirada en el pasado, parece obvio que las soluciones en este nuevo escenario de la siniestralidad no pueden tener como eje simplemente una fuerte subida generalizada de las primas o incluso una penalización al agricultor simplemente por hallarse en territorio de mayores riesgos y por ser buen o mal profesional. Se necesitan salidas que permitan mantener un equilibrio entre los intereses de las empresas aseguradoras y de los asegurados. Tampoco puede ser la salida aumentar las franquicias, pues esta estrategia acaba desincentivando la contratación.
Desde esta perspectiva las organizaciones agrarias abogan por una mayor universalización del seguro agrario, lo que daría lugar a un mayor equilibrio. Se trata de un viejo objetivo donde los avances han sido escasos con producciones agrícolas como el olivar, que se asegura poco, o los seguros ganaderos de vida, no de retirada, donde la implantación es muy escasa. El objetivo en todo caso sería evitar que a un posible asegurado le llegue a interesar más guardar el importe del pago de la póliza en una hucha que contratar el seguro.
Para ello es importante el peso de las subvenciones. En los últimos años, la subvención de Agricultura estuvo congelada en 211 millones de euros que cada año se complementaba con créditos extraordinarios que no evitaron un fuerte incremento en los precios de las primas y que finalmente se elevó en 2020 a 250 millones de euros. Esas ayudas se complementaban con subvenciones de las comunidades autónomas hasta los 100 millones de euros que bajaron a la mitad, para actualmente subir a unos 80, aunque cada gobierno regional tiene su propia estrategia. En todo caso, se trata de apoyos poco elevados para a una actividad agroalimentaria que supone cada año exportaciones de unos 50.000 millones de euros.
Con la mirada en el futuro, al sector productor le tocaría avanzar en la implantación de variedades más resistentes a la sequía, con una floración más ajustada al cambio climático o modificando incluso los periodos de siembra. Se trata de actuaciones que ya se están llevando a cabo en el sector, pero que en paralelo podrían tener efectos directos o secundarios como mayores costes en semillas o plantones, menores rendimientos en volumen o menos rentabilidad en los mercados. Las organizaciones agrarias abundan en la necesidad de implantar nuevas coberturas y desde COAG se insiste en implantar una nueva línea frente a grandes catástrofes, hoy cada año más frecuentes al margen de la sequía.
Para las entidades aseguradoras, organizaciones agrarias como UPA plantean la necesidad de aumentar sus reservas propias para hacer frente a los malos años y no andar siempre abogando por más primas o mayores franquicias para ajustar resultados y beneficios que ponen en riesgo la propia actividad aseguradora.
Desde la perspectiva de las subvenciones, para evitar incrementos de las primas de riesgo, las organizaciones agrarias coinciden también en la posibilidad de arañar algunos millones de euros de los fondos de Desarrollo Rural por el peso que tiene el seguro agrario en la calidad de vida de quienes viven de la actividad agraria en ese medio.