Castilla-La Mancha vuelve a sacar la segunda mejor nota de España en la atención a la dependencia (un 8,2 como en 2017) solo superada por Castilla y León (9,3). «Después de años con muy malas valoraciones (en 2015 suspendió con un 4,6), ha registrado grandes avances sumando un 12,37 por ciento más de personas atendidas en 2018», destacó Gustavo García, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, incidiendo en que «ya son 57.838 beneficiarios» tras la entrada en el sistema de 6.365 en el último año.
Castilla-La Mancha, que por tercer año consecutivo contabiliza un aumento de las personas atendidas, de un 57 por ciento desde 2016, ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos, es decir, de personas en el limbo de la dependencia, al 11 por ciento, situándose así por debajo de la media nacional que es del 19,2. Solo Castilla-La Mancha, Navarra y Castilla y León mejoran un indicador que, en palabras de García, debe tender a cero: «Es una vergüenza que personas que no pueden valerse por sí mismas y necesitan apoyos continuos sigan a la espera de una ayuda ya reconocida».
Más del 65 por ciento de las 7.171 nuevas prestaciones se han centrado en servicios de proximidad tales como ayuda a domicilio (2.213), teleasistencia (1.441) o promoción de la autonomía y prevención (1.051), en «una clara apuesta de la comunidad autónoma por este tipo de servicios», destaca el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia. Así, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar apenas suponen hoy el 18,8 por ciento de su cartera de servicios, muy por debajo del 30,8 por ciento de media nacional.
Todo ello sin olvidar los 15.420 empleos directos que hay en torno a la dependencia, lo que supone haber generado 5.557 nuevos puestos de trabajo en los últimos tres años. «Por cada millón de euros de gasto público, crea 38 empleos directos», hizo hincapié García remarcando que «está en la media nacional».
El responsable económico de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, indicó que, tras el decreto de junio de 2012, el recorte acumulado de la Administración General del Estado asciende a 5.406 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de los cuidadores. «Han dejado en manos de los gobiernos regionales y del copago la aplicación de la dependencia al aportar tan solo el 16,1 por ciento», denunció.
El dictamen recoge que la financiación del Sistema de Dependencia en Castilla-La Mancha fue superior a los 498 millones de euros en 2018. Junto a esto, expone que el gasto público por habitante descendió desde los 6.788 euros por habitante en 2017 a los 6.360 euros en 2018, un 6,3 por ciento menos.
Los 21,5 millones de los presupuestos habrían dado para atender a 3.350 dependientes más
De haberse aprobado la partida de 415 millones de euros contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), con casi 21,5 para la región, se habría podido llegar a 3.373 dependientes más y generar 826 puestos de trabajo adicionales. Hasta 68.230 y 15.658, respectivamente, en toda España. «Es la inversión más inteligente que puede hacer el Estado», señaló el responsable de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
En este sentido, la entidad aprovechó la presentación del décimo noveno dictamen del Observatorio de la Dependencia para pedir al Gobierno revertir los recortes por decreto ley en un país en el que «cada día 83 personas mueren» sin la prestación a la que tienen derecho. Una realidad que se ceba con los dependientes de Cataluña y Andalucía. Además, instó a aprobar este viernes en el Consejo de Ministros el acuerdo para que recuperen las cotizaciones a la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares. «No les podemos abandonar a su suerte», según apuntó Gustavo García, coordinador de Estudios de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.